Claves de la contrarreforma constitucional de Ortega en Nicaragua

Jueves 12 de diciembre de 2013

Autor: Carlos Salinas y Wilfredo Miranda*

Editorial y canal: Otramerica

Tipo de documento: Artículo

Idioma: Español

Tema: Política

Palabras clave: Fraude electoral, derecho constitucional, militarización del Estado y reelección.

Países y regiones: Nicaragua

La Primera Secretaría de la Asamblea Nacional recibió el pasado 4 de diciembre de parte de la Comisión Especial que analizó la propuesta de reformas a la Constitución, un dictamen “maquillado”, aprobado a la medida de lo que esperaba el comandante Daniel Ortega y que se espere llegue a plenario en las próximas horas. Después de hacer algunos cambios formales, los diputados entregaron un documento en el que se garantiza la reelección indefinida de Ortega, la principal aspiración del mandatario y el objetivo central de las reformas a la Carta Magna. “Es un ajuste de forma, no de fondo. El fondo del asunto es la perpetuidad en el poder”, dijo Oscar Castillo, experto constitucional que analizó el dictamen de la Comisión parlamentaria. La tesis de Castillo es que Ortega había incluido en su propuesta inicial de reforma constitucional algunos elementos que meterían “ruido” al debate, como los controvertidos gabinetes de la familia, obra de la primera dama Rosario Murillo, así como la regulación a los registros informáticos del país o el papel demasiado protagónico que tendrían los militares al ocupar cargos tan sensibles como las magistraturas judiciales o electorales. Ortega cedió en estos asuntos, pero su principal aspiración se mantuvo, por lo que el mandatario podrá mantenerse en el poder gracias a una Constitución que es un traje a su medida, y que sin duda será aprobada por sus leales diputados en el Plenario parlamentario.

El experto constitucionalista explicó que al ceder en estos temas, Ortega no cerró una puerta importante, que es la de las regulaciones que se pueden hacer a posteriori en relación a temas como los gabinetes de la familia. “Estos pueden ser perfectamente establecidos mediante una ley ordinaria. En derecho constitucional lo llamamos reserva de ley”, explicó. “Aquí no hay punto intermedio, no hay una reforma buena o una mala Al final el fondo se mantiene y se sostiene incólume, tal y como se lo planteó en la contrarreforma a la reforma de 1995”, agregó.

Ortega fue más allá en su papel como presidente –cargo que ocupa violando la actual Constitución–, al entrometerse en las funciones de la Asamblea y prácticamente legislar para que los diputados de la Comisión Especial aprobaran el dictamen que él esperaba. De poco sirvió el proceso de consultas realizado por la Comisión –en el que invitaron a instituciones leales al FSLN y, a regañadientes, a la Conferencia Episcopal e iglesias evangélicas–, ya que el dictamen final fue acordado en reuniones secretas entre el Comandante, sus asesores y el gran capital representado por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

“Estamos viendo que esta reforma beneficia a un partido, a una familia, a una persona, a una corporación y a una alianza entre el poder Ejecutivo actual y la empresa privada. Fue proceso de análisis tramposo, porque se mantuvo cuatro artículos de fondo, y los otros los tiraron para meter ruido en el debate nacional. El fondo del asunto es la perpetuidad en el poder, la concentración de poder del presidente”, explicó Castillo, decano de la Escuela de Derecho de la UPOLI.

Castillo, junto al también constitucionalista Gabriel Álvarez y el diputado opositor Víctor Hugo Tinoco analizaron los principales puntos abordados en el nuevo dictamen de las reformas a la Constitución preparado por Ortega y el Cosep.

Álvarez aseveró que algunas de las modificaciones al dictamen de reforma podrían considerarse positivos. “Sin embargo, la lógica global de las reformas mantiene un estado de derecho que es menos de derecho y menos democrático. Ortega tendrá tener mayores instrumentos de poder que no los tiene en este momento formalmente, pero que de hecho se los ha auto atribuido”, dijo.

Tinoco reclamó que la reforma es “ilegítima desde su origen y procedimiento”. La razón que aduce es que la maquinaria oficialista en la asamblea, articulada por 63 diputados y que aprobaría el proyecto de modificación constitucional, es resultado de un fraude electoral.

“El dictamen es la misma mona, porque en lo fundamental la mona es dos cosas: reelección indefinida y los magistrados del CSE (Consejo Supremo Electoral siguen siendo los de Ortega. Mientras eso no cambie, lo demás es accesorio. La esencia continuista, reeleccionista, autoritaria está allí”, valoró el parlamentario.

El protagonismo de los militares

Ortega cedió en lo relacionado al papel que los militares podrían jugar en la Administración pública del país. La primera propuesta le da a los militares amplias atribuciones, al permitirles desempeñar cargos como magistrados de los poderes del Estado, es decir, que se podrían convertir administradores de justicia y organizadores de elecciones leales al caudillo del FSLN. Este fue el punto que más preocupó a los empresarios del COSEP, que públicamente se opusieron a él. De las negociaciones a puertas cerradas con Ortega y sus asesores salió una nueva propuesta de reforma “maquillada”, en la que se circunscriben al Ejecutivo los cargos que podrían ocupar los militares.

Con el nuevo cambio, sin embargo, los militares mantendrán la posibilidad de ocupar importantes cargos en la Administración pública, como la dirección de aduanas, el sistema tributario o carteras importante para la política económica del país, como el Ministerio de Hacienda.

“Los miliares podrán desempeñar cargos en el marco del Poder Ejecutivo, es decir, que quitaron el carácter amplio que dejaba la suspicacia de pensar que ocuparían cualquier cargo. Este fue un cambio en el que el COSEP insistió mucho, al igual que la Iglesia. Al final creo que los militares no deben ejercer en ninguna esfera: los miliares deben estar en sus cuarteles, con sus funciones, con sus leyes específicas, en las que señala claramente cuáles son sus competencias en materia de defensa y seguridad nacional”, explicó Oscar Castillo.

El constitucionalista Gabriel Álvarez estimó que las modificaciones son más cosméticas de lo que parecen. “Al excluir del ámbito judicial y electoral a los militares obviamente es un avance, pero dentro del Ejecutivo no hay mayores restricciones”, dijo.

Según el experto, en el dictamen de la reforma se usan dos conceptos que no tienen ninguna limitación temporal en cuanto a la permanencia en los cargos, que pueden ser seis meses o seis años. A la vez, Álvarez señaló que hay otro concepto indeterminado. Se podrá designar militares en el Ejecutivo “cuando la nación lo demande” y eso, agregó, “no tiene ningún límite, lo va a decidir Ortega”.

“Es la administración pública la que entra más cotidianamente con la relación con los ciudadanos. Por lo tanto, hay una seria debilidad del sistema democrático y de los principios civiles que deben regir a una constitución democrática”, analizó Álvarez.

El respaldo público que el jefe de la institución castrense, el general Julio César Avilés, dio a las reformas, justificando que era “un soldado de la patria”, es una situación “muy deplorable y francamente criticable”, dijo el constitucionalista. “El general Avilés no está respondiendo a la expectativa que su cargo le señala en la historia de la contribución del Ejército a la democracia en Nicaragua. La reforma lo señala como co-formulador de políticas bajo la conducción del presidente como jefe supremo. Se vuelve a politizar el Ejército, a quitar la intermediación civil con el Ministerio de Defensa”, argumentó Álvarez. La única explicación que el constitucionalista encuentra a la militarización del Estado responde a que Ortega está “paranoico”, ya que no confía en nadie.

“Obviamente no confía en el pueblo porque no llenara de militares las instituciones públicas. No cree en la policía porque no le entregaría al ejército las funciones policiales que le está entregando y no cree en el Ejército porque las reformas al Código Militar desinstitucionaliza el Ejército. Ya la estructura al mando se quebró. Al final solo cree en él mismo y esto conduce a un desorden y a un caos cuya solución nadie la sabe”, vaticinó Álvarez.

El diputado del MRS (Movimiento Renovador Sandinista), Víctor Hugo Tinoco, consideró por su parte que el presidente inconstitucional busca tener cómplices desde la prolongación de los cargos de los militares.

“Él (Ortega) poner a varias personas en su misma situación. Es un primer mensaje político. El malo no soy yo, somos todos. Entonces agarra y perenniza a la jefa de la Policía y ahora al jefe del Ejército, alegando que la reelección es para todos”, afirmó Tinoco.

El legislador también apuntó que Ortega busca congraciarse con la fuerza militar. Según el ex guerrillero sandinista, una de los anhelos de la reforma es que el Ejército se sienta beneficiado, que lo están apoyando.

“En el fondo Ortega no cree en el Ejército, le teme. Ortega es un hombre que tiene un instinto de poder y sabe que aquellos que tienen las cañas huecas pueden jugar un papel político en determinada situación. Trata de atraerlos, de coaptarlos. No solo es el problema de los militares actuando en política sino que en el trasfondo está tratando de generar confianza en un sector que pueden hacer ruido”, apreció Tinoco.

Gran Canal será constitucional

Castillo dijo que este tema se mantiene prácticamente igual. Ortega deja la concesión canalera tal y como fue entregada al empresario chino Wang Jing, aunque, explicó el analista, la matizó con un concepto de inversiones estratégicas que convienen al país. Sin embargo, Castillo aseguró que al proyecto canalero se le da rango constitucional. “La ley del canal se legitima porque se elevó este tema en la Constitución”.

*El artículo también fue publicado en CONFIDENCIAL

Ver en línea : Claves de la contrarreforma constitucional de Ortega en Nicaragua

Tejiendo Redes.
C/ Hermanos García Noblejas, 41, 8º. 28037 - MADRID.
Tlf: 91 4084112 Fax: 91 408 70 47. Email: comunicacion@fidc.gloobal.net

SPIP |