Colima: Ambientalistas denuncian amenazas de muertes

Martes 25 de febrero de 2014

Autoría: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL)

Editorial y canal: OCMAL

Tipo de documento: Noticia

Idioma: Español

Tema: Derechos humanos

Palabras clave: Empresas mineras, grupo ecologista, modelo extractivo y protesta.

Países y regiones: México

Integrantes del grupo ambientalista Bios Iguana que participan en el movimiento de resistencia contra la explotación de una mina de oro, en el pueblo indígena de Zacualpan, se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos del estado por amenazas de muerte, agresiones y hostigamientos en su contra, supuestamente con el propósito de hacerlos desistir de su oposición al proyecto.

A su vez, Jonathan Ochoa Hernández, abogado de la agrupación, presentó en la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia contra Carlos Soule, empleado de la Procuraduría Agraria (PA), por agresiones físicas y amenazas de muerte.

De acuerdo con Ochoa Hernández, el pasado viernes 21 participó en una protesta de habitantes de Zacualpan frente a las instalaciones de la PA cuya delegada, María Elena Díaz Rivera, es señalada de apoyar los intereses de la mina y fue agredido físicamente por Soule, quien me advirtió que si no entendíamos por las buenas sería por las malas, que en ese momento estaba en servicio, pero después nos encontraríamos.

Al día siguiente por la noche, el abogado fue alcanzado en una calle del primer cuadro de la ciudad por el servidor público, quien iba acompañado por dos personas, y me dijo que ya estoy advertido, que me va a matar si sigo participando en las protestas contra la Procuraduría Agraria, que ya me deje de mamadas.

La denuncia de Ochoa Hernández fue recibida en la Mesa 2 del Ministerio Público Federal, en las instalaciones de la Delegación de la PGR.

Por separado, la coordinadora general de Bios Iguana, Esperanza Salazar Zenil, acusó a la delegada de la PA, María Elena Díaz Rivera, de generar un clima hostil contra los miembros del grupo ecologista, al insinuar públicamente su supuesta responsabilidad en delitos, entre ellos la posesión de sembradío” en el cerro, aunque no aclaró de qué cultivos.

Además, dijo que Rubén Guzmán Aranda, hijo del depuesto presidente de Bienes Comunales de Zacualpan, Carlos Guzmán Teodoro, ha vertido amenazas y agresiones verbales contra integrantes de Bios Iguana.

En diciembre pasado Jesús Santos Quirino, uno de los comuneros que encabezan la oposición a la mina, también denunció agresiones y amenazas de muerte por parte del propio Guzmán Aranda y del empresario local promotor de la mina.

El pasado 6 de diciembre, mientras realizaba preparativos para la proyección de un video en la plaza principal de Zacualpan sobre los efectos contaminantes de las minas, el presidente de Bios Iguana, Gabriel Martínez Campos, fue detenido temporalmente por policías municipales, por órdenes del comisario municipal Enrique Carpio Rincón, quien le advirtió que no se metiera en los asuntos de ese pueblo.

Ante tales hechos, la organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos dirigió una carta al presidente Enrique Peña Nieto; al gobernador Mario Anguiano Moreno; al alcalde de Comala, Braulio Arreguín, y a las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos, en la que demanda garantías para la seguridad de los activistas opositores a la mina.

Estamos sumamente preocupados por el curso que ha tomado la problemática en torno al proceso de defensa y resistencia en contra de una empresa minera, que se lleva a cabo en la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, estado de Colima, al igual de lo que sucede en torno al grupo Bios Iguana, contra el que existe un claro y abierto ataque por parte de la actual delegada de la Procuraduría Agraria en el estado, quien no sólo se ha dedicado a desprestigiar el trabajo de dicha organización, sino que ya recurre a las amenazas directa, señala el texto.

Añade:

Los diferentes grupos que estamos en contra del modelo extractivo minero sabemos que esta es una práctica recurrente por parte de funcionarios que se han plegado a los intereses de las empresas mineras, y no en pocos casos ello ha derivado en el asesinato o encarcelamiento de compañeros, a quienes se les criminaliza y deslegitima su lucha por reclamar que se hagan efectivos los derechos humanos que están vinculados a esta pelea contra las empresas mineras”.

La organización Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos hizo responsable a la delegada de la PA de cualquier acto que atente contra la integridad de los comuneros de Zacualpan y de los integrantes de Bios Iguana.

Pretendemos que esta misiva quede como precedente y señalamiento hacia esa funcionaria, de tal manera que sepa ella que no pasa desapercibida por las redes sociales nacionales e internacionales a quienes se les está informando sobre su actuar. No permitiremos que transite por la impunidad, a la vez que le pedimos al gobierno federal y estatal que brinden la protección a quienes se les ha amenazado, concluye la misiva.

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