Colombia con hambre: Estado indolente y comunidades resistentes

Martes 14 de enero de 2014

Autor: FIAN Colombia

Editorial y canal: FIAN Colombia

Tipo de documento: Publicación

Idioma: Español

Tema: Soberanía alimentaria

Palabras clave: Derecho a la alimentación, derechos humanos, desarrollo, modelo extractivista, malnutrición, paramilitarismo, políticas públicas, salud, soberanía, seguridad alimentaria, territorio y tierra.

Países y regiones: Colombia

El presente Informe hace parte ya de un consolidado esfuerzo, iniciado en 2008, dirigido a dar seguimiento a la situación del Derecho a la Alimentación en Colombia en el que han participado, en sus diferentes versiones, varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, académicos y expertos y expertas en la materia. En sus tres versiones, la elaboración del informe ha contado con el apoyo inclaudicable de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y con la asesoría y acompañamiento de FIAN Internacional, organización con carácter consultivo ante el Sistema de Naciones Unidas y especializada en la promoción y defensa del Derecho a la Alimentación a nivel global. Como líder mundial en la defensa de ese derecho así como de otros asociados, FIAN ha tenido reconocido protagonismo en la elaboración de varios instrumentos internacionales en la materia y en distintos avances que han permitido a las personas, comunidades y pueblos, adquirir capacidades en torno al derecho a la alimentación y su exigibilidad a nivel local, regional, nacional e internacional.

En ese sentido, por ejemplo, FIAN tuvo un papel relevante en la aprobación en Naciones Unidas de las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, instrumento internacional que si bien no es de carácter vinculante para los Estados, se constituye en punto de referencia sobre las acciones básicas que estos deben implementar en el marco de sus obligaciones contraídas internacionalmente respecto a ese derecho, y el deber de mantener a sus poblaciones alejadas del hambre, cualquiera que sea la forma como esa calamidad se exprese.

Con base en las directrices, FIAN desarrolló un instrumento de monitoreo denominado “Vigilando la acción estatal contra el hambre. Cómo usar las directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación para monitorear las políticas públicas”, el cual sirvió como insumo metodológico para la elaboración del presente informe y sus dos versiones anteriores.

Cabe resaltar que informes como este, basados en la metodología mencionada, han sido también elaborados en países como Bolivia, Ecuador, Guatemala, India y Uganda, sirviendo tanto para la generación de capacidades al interior de las organizaciones que los elaboraron, como para la incidencia política en el ámbito interno. Gracias a estos documentos, se dispone ahora de unos informes rigurosos que abordan no solo el tema de los elementos constitutivos del derecho a la alimentación, las obligaciones y papel del Estado en la materia, sino que también han servido para denunciar múltiples casos o formas de violación de ese derecho en los países que han logrado implementar esta metodología de monitoreo.

En el caso colombiano, además de lo mencionado arriba, en sus versiones anteriores el informe sirvió para que la grave situación del derecho a la alimentación del país se diera a conocer en espacios internacionales e incidiera en la formulación, por primera vez en la historia de Colombia, de recomendaciones explícitas y claras en la materia al Estado por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Para la presente edición del informe, de nuevo se contó con la participación de personas expertas en los temas atinentes a las directrices voluntarias que fueron objeto de análisis. Cabe señalar que, de las 19 directrices contenidas en las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, el informe abordó seis de ellas: “Políticas de desarrollo económico”, “Sistemas de mercado”, “Instituciones”, “Acceso a los recursos y bienes”, “Inocuidad de los alimentos y protección al consumidor” y “Nutrición”. Precediéndolas, se actualizaron los tres primeros capítulos del informe anterior, los cuales se mantienen por su importancia en los procesos de formación y generación de capacidades al interior de las organizaciones que utilizan este informe como referente. Adicionalmente, se han introducido en el documento importantes reseñas de casos o experiencias surgidas desde diferentes organizaciones sociales o comunidades, con el fin tanto de visibilizar estas experiencias o situaciones, como de complementar casuísticamente los capítulos en las cuales van insertas.

En el sentido de lo mencionado, el primer capítulo aborda las definiciones de lo que es el “proceso alimentario”, las “escalas de realización social del derecho a la alimentación” y cómo se asocian ambos conceptos con los del derecho a la alimentación adecuada. El capítulo cierra con una importante sistematización de los factores de vulneración del derecho a la alimentación y de las estrategias a adoptar a favor de ese derecho.

En el segundo capítulo se explican las “Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” y las “Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, resaltando su potencial como herramientas de generación de capacidades, de monitoreo y vigilancia de la acción estatal y del grado de realización del DA, así como de su potencial utilidad en procesos de rendición de cuentas a entidades o funcionarios estatales responsables del tema alimentario en el país.

El capítulo anterior se complementa con el tercero, en donde se subraya la importancia de que cualquier ejercicio de monitoreo o vigilancia del tema alimentario debe hacerse desde una perspectiva de derechos humanos, insistiéndose además en las oportunidades que estos ejercicios brindan en procesos de incidencia favorables a la adopción de políticas públicas que sí sean coherentes con las obligaciones del Estado respecto al derecho a la alimentación.

El cuarto capítulo hace una aproximación a los impactos de la política/modelo de desarrollo económico impulsada por el Estado en el país, particularmente sobre la garantía del derecho a la alimentación. Un especial énfasis es puesto a los daños acarreados, especialmente, por el modelo hidro-energético y minero contra los territorios y formas de vida de las poblaciones rurales.

El capítulo se acompaña de una reseña en la que se evidencia cómo 50 familias del valle geográfico del río Cauca han sido víctimas del modelo extractivista en la región pero, al mismo tiempo, luchan por acceder a tierras donde puedan implementar su propio modelo de desarrollo.

En el capítulo quinto se describen las presiones a que son sometidas las poblaciones rurales, por parte del Estado, para insertarse en un modelo agroproductivo dominado por las leyes del mercado y la depredadora lógica neoliberal. Así mismo destaca algunos de los impactos negativos que esto ha tenido sobre la soberanía alimentaria del país (la creciente dependencia a la importación de alimentos, por ejemplo) y el reforzamiento de los obstáculos que enfrentan los pequeños productores para acceder a los recursos productivos. Una reseña que nos comparte la experiencia de lucha campesina en Cajibío orientada a fortalecer una economía propia no dependiente exclusivamente del mercado, y orientada hacia la prservación de la riqueza local/regional y la soberanía alimentaria, complementa este capítulo.

El capítulo sexto hace un recordatorio del papel que tienen diversas instituciones estatales respecto al derecho a la alimentación. De igual manera, se recuerdan algunos elementos claves de la actual Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como varias de las falencias hasta ahora, de ella, detectadas. En la reseña complementaria se destaca la experiencia de la Organización Femenina Popular, entre cuyo horizonte de lucha está involucrar a la sociedad e instituciones del Magdalena Medio en un esfuerzo de construcción colectiva de política pública alimentaria, en la que las propuestas de las organizaciones sociales sean protagónicas y orientadoras.

El siguiente capítulo analiza la situación de acceso a recursos y bienes, asociados con la realización del derecho a la alimentación, de la población rural colombiana. Un particular énfasis se hace al tema de acceso a la tierra para los pueblos étnicos y las mujeres. Otro tema abordado son los derechos de participación y asociación de los sectores campesinos, así como las múltiples amenazas que enfrentan actualmente en su búsqueda de ser restituidos en sus tierras y bienes despojados por el paramilitarismo. Una reseña en torno a la experiencia de lucha de la Asociación de Productores Agropecuarios y Agrícolas (ASOPRODAGRO), del corregimiento de Puerto Carreño en jurisdicción del municipio de San Alberto, en el departamento del Cesar, complementa este capítulo.

El octavo capítulo hace un recuento juicioso de la normatividad e instituciones encargadas de vigilar la calidad de los alimentos en el país. Se destaca que a pesar de ser bastantes las normas, existe una gran incoherencia entre ellas, hay deficiencias en su aplicación, no se orientan a la vigilancia de los alimentos e insumos importados, ni tampoco a la vigilancia de los paquetes tecnológicos altamente contaminantes del ambiente.

El capítulo noveno analiza con rigurosidad la situación de hambre padecida por la población colombiana, entendiéndose esta como desnutrición, hambre oculta (deficiencia de micronutrientes) e, incluso, malnutrición. Apelando a múltiples datos oficiales, se demuestra cómo las acciones que en el campo nutricional el Estado dice implementar, son insuficientes e incoherentes. Particular énfasis analítico se ha dado a la situación de las mujeres, niños y niñas y pueblos étnicos. Al final del capítulo, una reseña elaborada por el “Equipo Comunitario de Ladera por la Promoción de la Vida y la Salud - ECOLPROVYS”, demuestra cómo, a pesar de la inacción e irresponsabilidad estatal frente a sus obligaciones con el derecho a la alimentación, las familias de una zona de Cali articulan sus esfuerzos para escapar del hambre y las malas condiciones de salubridad.

Esta serie de capítulos se complementa con un aparte dedicado a las conclusiones generales y un anexo en el que se consignan las preguntas que sirvieron de guía para la elaboración de cada una de las partes del informe. Cabe señalar finalmente, que el presente informe no podría haber sido realizado sin el compromiso entusiasta de HEKS Suiza y HEKS Colombia, así como del “Proyecto LAR - Tierra, agua y derechos”, apoyado por la Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO). Tanto HEKS como el Proyecto LAR no sólo brindaron apoyo financiero al informe, sino que algunas de las organizaciones que ellos acompañan fueron parte vital de este documento al ser autoras de reseñas contenidas en el mismo. En ese sentido, expresamos un particular agradecimiento a Mireya Ramírez y Sandra Arboleda de HEKS, Gudrun Müller, Damian Zaitch y Babette Berrocal del Proyecto LAR, así como a la Organización Femenina Popular y el Consejo Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro. La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Federación Luterana Mundial también se sumaron a este esfuerzo, motivando la realización de este informe y brindando apoyo financiero.

Unos agradecimientos finales debemos dar a todas y cada una de las personas expertas y organizaciones sociales que participaron en el informe, así como a quienes integran FIAN Colombia y a Ana María Suárez Franco de FIAN Internacional. Sin ellas y sin la motivación que día a día nos dan las comunidades y organizaciones que acompañamos, la realización de este documento habría sido imposible.

Esperamos, entonces, que este esfuerzo siga fortaleciendo a quienes luchan para que en Colombia el derecho a la alimentación se garantice a todas y todas y, por fin, transitemos una camino hacia la dignificación del ser humano.

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