Cuando el terror llama a tu puerta…

Jueves 2 de enero de 2014

Autor: Plan V

Editorial y canal: Plan V

Tipo de documento: Noticia

Idioma: Español

Tema: Derechos humanos

Palabras clave: Allanamiento, corrupción, defensor de derechos humanos, democracia, derecho a contar con un defensor, derecho a la defensa, derechos de protección, indagación previa, información, irrupción violenta, petróleo, terrorismo y violación a los derechos humanos.

Países y regiones: Ecuador

La Fiscalía busca indicios de un presunto delito de hackeo a las cuentas del Presidente. Un operativo violento a la casa de Fernando Villavicencio, sin respetar derechos de protección, aterra a su esposa e hijos pequeños; fiscales se llevan computadoras sin acta. Horas después el Presidente anuncia que ya tiene “resultados sorprendentes”.

La larga noche de Fernando Villavicencio, sus hijos de cinco y dos años de edad, y su esposa Verónica empezó el 26 de diciembre a las 22:30, un día después de Navidad.

Encabezados por el fiscal Luis Jaramillo, el mismo que armó la acusación en contra de Los 10 de Luluncoto y los estudiantes del Central Técnico (acusados de rebelión, terrorismo y sabotaje), un piquete de hombres armados y encapuchados del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) cuerpo de élite de la Policía, y agentes de la Fiscalía, irrumpieron a golpes en el departamento de la familia Villavicencio. Apuntando con sus fusiles automáticos a una mujer semidesnuda, un hombre desarmado y dos niños que berreaban aterrorizados, los agentes requisaron y desbarataron el departamento de tres dormitorios en busca de documentos. Permanecieron hasta las dos y media de la madrugada del día 27 y se llevaron dos computadoras, cuatro celulares y, para siempre, la tranquilidad de la familia y la memoria de los niños.

Hasta cuando el terror no llega a tu puerta, piensas que es una mentira y no te toca, diría ocho horas después, en una rueda de prensa, un estremecido Villavicencio, con lágrimas en los ojos.

Unos treinta periodistas, fotógrafos y camarógrafos registraron sus gestos y palabras. Él recuerda que a esa hora, la de la irrupción violenta, estaba descansando con su esposa y sus hijos. En la cama, Verónica daba de lactar a su hijo Martín. Escucharon un estruendo cuando los agentes rompieron la puerta principal del conjunto habitacional Porvenir, ubicado en la Panamericana Norte, frente a la entrada a Llano Grande. Oyeron subir al tercer piso el tropel de las botas y el sonido de las armas y empezaron a golpear la puerta del departamento e ingresaron violentamente.

Verónica, su esposa, estaba semidesnuda, pero no permitieron ni siquiera que se vista. Ingresaron con cámaras de video y fotográficas, filmaron todo. Verónica tuvo que vestirse en su dormitorio, mientras los policías la apuntaban con sus fusiles, la miraban y tomaban fotos. Y mientras Martín, de dos años, chillaba de terror.

“Estaban yendo a un asalto, destruyeron todo, desmantelaron los cajones, sacaron toda la información. Otro acto ilegal es que a mi abogado, a quien llamé a esa hora de la noche, Ramiro García, no se le permitió entrar a mi departamento. No garantizaron a mí ni a mi familia el derecho a contar con un abogado”.

Ramiro García recibió la llamada de auxilio por parte de los compañeros y familiares de Villavicencio a la una de la mañana del 27 de diciembre. Estaba en una fiesta, de las comunes en el fin de año. Así como estaba vestido tomó su vehículo y junto a otros tres amigos arribó hasta la casa de su cliente. Exigió entrar al operativo, como abogado de Villavicencio, invocando los derechos constitucionales de protección. Hombres armados se lo impidieron.

El operativo duró aproximadamente hasta las 03:00 y solo buscaban documentos. En la orden de allanamiento que el fiscal Jaramillo leyó a Villavicencio decía únicamente que era un Acto Urgente, que por pedido del fiscal general, Galo Chiriboga, el juez de la Corte Nacional, Jorge Blum ordenaba el allanamiento y requisa de ese domicilio y de la oficina institucional y domicilio del asambleísta por Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez.

De la casa de Villavicencio, la Fiscalía se llevó una laptop Apple que lo acompaña siempre. En esa máquina, el exsindicalista y periodista investigativo guarda miles de documentos, sobre todo de contratos petroleros, de telecomunicaciones, documentos que sustentan sus denuncias en la venta internacional de crudo ecuatoriano, información de personajes del gobierno… Se llevaron otra Mac de escritorio, la tablet con la que juegan sus hijos, cuatro celulares, pen drives, y revolvieron todo, hasta los discos de música.

Yo no me pongo de rodillas: Fernando Villavicencio

“Tienen toda la información, ellos tienen toda la información", dice Villavicencio mientras los flashes disparan. "Pero esa información está en otros lados, y fuera del país también. Así que si querían callarme no me van a callar. Quiero denunciar que conociendo el procedimiento de los órganos de justicia de este país, de la Fiscalía del país, advierto que se pueden plantar, introducir pruebas falsas. Ellos tienen mis computadoras, pueden hacer lo que quiera con mis computadoras. Tienen acceso al internet (las claves). Esto es un acto brutal. Yo no lo he vivido en este país, ni en el gobierno de Febres Cordero, cuando también fui opositor y muy joven. Tengo antecedentes, por la historia de América Latina, de Somoza, de Stroessner, de Pinochet, y ahora lo he vivido en carne propia. Ellos querían las computadoras y se las llevaron. Y no tengo más que decir, que les responsabilizo de la seguridad de mis hijos, mis hijas, de mi esposa, de mi familia. Pueden hacer lo que quieran, mañana con pruebas falsas pueden meterme preso, me puede pasar cualquier cosa. ¿Y por qué tiene miedo el Presidente? ¿A qué le tienen miedo el Presidente y el vicepresidente Jorge Glas? Porque el vicepresidente Jorge Glas, hace 20 días, en una sabatina pidió al fiscal Galo Chiriboga que inicie acción fiscal contra el asambleísta Cléver Jiménez por supuestos correos del presidente Correa, que supuestamente estaban en poder del asambleísta Jiménez. Y el Vicepresidente también se refirió a que nos va a enjuiciar por el caso de Petrochina, y por mi libro Ecuador Made in China, donde se revela uno de los casos de corrupción más grande de la historia, que es la intermediación del crudo ecuatoriano, lo cual confirmó al agencia internacional de noticias Reuters, hace pocos días en un reportaje. ¿Esa información quería el Presidente? Pues yo tengo la información donde todos los buques con petróleo ecuatoriano no van a China sino la mayoría a la refinería de Chevron, en California. Y claro que eso no les gusta al Presidente ni al Vicepresidente, porque mientras el Presidente llama a boicotear a Chevron, que no compren aceites y lubricantes Chevron, este gobierno le entrega a Chevron el petróleo para que hagan esos aceites y lubricantes. Eso se llama doble estándar y traen a actores de cine como Danny Glover a meter la mano en Aguarico 4. ¿Eso el Presidente no quiere que se sepa?”.

"Esa y mucha más información tiene el fiscal. Eso no es un delito, yo escribo en Plan V y he escrito en otros medios y tengo información de la Asamblea porque soy asesor. Ese es mi trabajo. Ni un solo pez gordo, ni un solo delincuente de cuello blanco está detenido. Yo hubiese querido que esos 30 policías de élite y esos 20 agentes fiscales y de la Secretaría Nacional de Inteligencia que estaban anoche en mi casa, aprendan a Pedro Delgado. Esa Policía que estuvo en mi casa no está protegiendo a los ciudadanos. Esa policía que estuvo en mi casa, violentando a mis hijos, no está con la ciudadanía. Yo soy así, como he venido, ciudadano de Carapungo, hagan conmigo lo que quieran, pero yo no me pongo de rodillas y no me voy a callar".

Ramiro García, el abogado penalista y defensor de derechos humanos, se vuelve a ver la cara con el fiscal Jaramillo. Fue durante el caso llamado de Los 10 de Luluncoto, diez jóvenes, hombres y mujeres, que fueron detenidos en un operativo de la Policía en marzo del 2012, cuando se preparaba la Marcha por la Vida y por el Agua por parte de las organizaciones indígenas y movimientos sociales. En esa ocasión, de forma también violenta, la Policía allanó un departamento, detuvo a los jóvenes y dijo haber encontrado evidencias de terrorismo y rebelión contra el Estado. Pidió 12 años de prisión. El fiscal no pudo probar las vinculaciones con esos delitos, pero ordenó también allanamientos policiales posteriores, que se dieron en los domicilios de los jóvenes, aterrando a sus familiares y vecinos. García desbarató los argumentos de la Fiscalía, y los jueces se vieron obligados a cambiar el tipo de delito a tentativa de terrorismo, y los sentenció a un año de prisión, que es el tiempo que pasaron detenidos.

RAMIRO GARCÍA: "Todo lo actuado es nulo"

García toma asiento ante las decenas de cámaras. El hecho de que un juez ordene un allanamiento no lo convierte en legítimo, son sus primeras palabras. “El que un juez ordene es uno de los requisitos de legitimidad, pero no agota los mismos. Un allanamiento se justifica como acto urgente cuando existe la presunción del cometimiento de un delito. Y por tanto debe especificarse y comunicarse, a quien sufre ese allanamiento, esa intervención estatal en su esfera de privacidad y de libertad, cuál es el delito que supuestamente cometió.

Y es más, de acuerdo a la Constitución, Artículo 76.7, toda persona tiene derecho a contar con su defensor en todo acto del procedimiento. Lo que quiere decir en indagación previa, en instrucción fiscal en un juicio. La noche del allanamiento, cuando yo ingreso, se les comunica a los policías, que además estaban con el rostro cubierto, que yo era el abogado, y sin embargo no me permitieron pasar. Esto y solo esto ya anula cualquier evidencia, cualquier objeto o cosa que ellos pretendan utilizar luego dentro de un proceso. Porque una prueba es legítima solo si ha sido actuada conforme a la Constitución. Y la Constitución establece el derecho a la defensa y a contar con un defensor técnico en todo acto de un proceso. En este acto, no se le permitió al señor Villaviciencio contar con su defensor. Esto ya nulita la diligencia realizada.

Sobre el resquemor que se tiene respecto a la posibilidad de que se manipulen sus documentos y computadoras, es totalmente legítima. Esto ya pasó. Es exactamente igual a lo que se hizo en el caso 10 de Luluncoto. Es calcado, y con el mismo fiscal. El mismo fiscal que se prestó para el caso 10 de Luluncoto, al mismo fiscal que no pudo probar absolutamente nada, es el que ahora realiza el allanamiento. Con un adicional. En el caso 10 de Luluncoto también se demostró que hubo manipulación de las laptops incautadas a los muchachos. Se demostró que cuando esas laptops se encontraban en poder de la Policía, los documentos fueron manipulados y modificados para construir un caso en contra de ellos. La aprehensión que tiene Fernando Villaviciencio respecto de lo que puede pasar con sus computadoras y dispositivos electrónicos requisados ilegítimamente, porque una diligencia de allanamiento debe respetar el derecho a la defensa, respetar el derecho de toda persona a ser comunicada de las razones por las cuales se realiza semejante acto de brutalidad y violencia extrema. Esto parecía un operativo digno de una banda delincuencial y lo que encontraron dentro fue una pareja con un niño de pecho. Y jamás se le comunicó cuál es el supuesto delito respecto del cual se realiza este acto urgente que tiene la intencionalidad de impedir que se oculte o manipule evidencia que puede ser usada en un proceso. En un proceso que tiene como base la presunción del cometimiento de un delito. Bueno, resulta que al señor Villavicencio jamás se le comunica cuál es el supuesto delito, no se le permite el ingreso de su abogado durante el acto.

Háganse la idea: 26 de diciembre, entre 2 y 3 de la mañana, 15 policías cubiertos el rostro de negro, vestidos de negro y con las metralladoras listas para disparar, ingresando a un domicilio. Desde el derecho no se le puede llamar democracia, legitimidad ni derecho.

En este caso estamos en la absoluta indefensión. Lo primero que vamos a hacer es solicitar el reintegro de las cosas. Eso resulta obvio. Pero más allá de esto, solicitamos y pedimos públicamente a los jueces que ordenaron esto, a los fiscales, que nos digan cuál es el supuesto delito. Porque de lo contrario, resulta que mañana a cualquier casa de cualquier persona puede ingresar una persona, rodeada de 15 policías, a las 3 de la mañana y llevarse todo lo que tienen ahí, bajo el pretexto de que existe la orden de un juez respecto de un acto urgente. No se cumplieron los requisitos legales. Todo esto nulita la diligencia que se realizó ayer, nulita los efectos y los objetos encontrados en esta diligencia y nulita cualquier posibilidad de procesamiento en base de aquello que eventualmente se hubiera encontrado. Con el adicional de que tenemos antecedentes ciertos de la manipulación de la cual han sido objeto dispositivos electrónicos y computadores en otros casos, a cargo del mismo fiscal Jaramillo.

Estamos frente a estructuras claramente organizadas para cometer infracciones. Estamos frente a estructuras policiales que se prestan para este tipo de gestiones. Estamos frente a estructuras judiciales que se prestan para este tipo de actos. Esto no es un acto aislado. No es que por ahí se alocó un fiscal y se mandó una a su aire. Eso no es así. Esto implica una conducta sistemática de violación clara de derechos humanos. Si se meten a la casa de cualquiera de ustedes, con una orden judicial sin fundamento, sin explicaciones, sin permitirles contar con su abogado, ¿es esto legítimo y legal? O es un acto arbitrario que luego podría ser procesable.

"Al final de la diligencia, lo que debieron haber realizado era hacer firmar un acta a la persona a la que se le llevan las cosas, porque de lo contrario es un robo estatal. Si llegan a mi casa y se llevan mis cosas, eso se llama robar".

Periodista: La Fiscalía dice que ha iniciado una acción previa, con este acto urgente, por unas declaraciones que ha formulado el asambleísta Cléver Jiménez respecto de la existencia de unos correos electrónicos.

Ramiro García: La existencia de correos electrónicos no es un delito tipificado, y anunciar la existencia de correos electrónicos no está tipificado tampoco. A usted le tienen que decir: hemos iniciado una declaración previa porque sospechamos que se ha cometido tal delito y por esto con esta orden judicial.

Quisiéramos saber, además, cuál es la identidad de los policías que estuvieron en el operativo. Porque incluso llegaron a filmar, pero todos estaban cubiertos con pasamontañas.

Finalmente, esto es importantísimo. Al final de la diligencia, lo que debieron haber realizado era hacer firmar un acta a la persona a la que se le llevan las cosas, porque de lo contrario es un robo estatal. Si llegan a mi casa y se llevan mis cosas, eso se llama robar. Cuando se hace las cosas legítimamente y no se roba, lo que se hace es establecer en un acta qué es todo lo que se llevan y en qué estado se encuentran las cosas. A efectos de que se vea que no se va a manipular las evidencias e iniciar aquello que se llama cadena de custodia, que es lo que garantiza al procesado o a quien se presume que ha cometido un delito, que no se va a manipular sus bienes y que no se van a forjar sus pruebas. Y nada de eso se hizo.

El propio señor Villavicencio no sabe lo que se llevaron de su casa. Lo legítimo era:

1. Primero llamar al timbre, porque no necesitaban romper la puerta para ingresar.

2. Señor Villavicencio: este es el delito por el cual se ha iniciado la indagación previa, por lo tanto ingresamos y vamos a buscar las evidencias que creemos pertinentes.

3. Señor Villavicencio: puede contar con su abogado.

4. Señor Villavicencio, esto es lo que nos llevamos, este es el estado de las cosas, firme un acta y vea que no nos llevamos ni más ni menos de lo que consta acá.

Nada de eso se hizo, al punto que toda la diligencia es nula".

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