Derechos humanos para todas/os en el post-2015

Martes 10 de diciembre de 2013

Editorial y canal: The Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights

Tipo de documento: Pronunciamiento

Idioma: Español

Tema: Derechos humanos

Palabras clave: Derechos humanos, desarrollo sostenible, discriminación, desigualdad, justicia social, medio ambiente, Objetivos del Milenio y pobreza.

Países y Regiones: América Latina y el Caribe

Los derechos humanos han pasado al primer plano del debate sobre el nuevo marco de desarrollo que reemplazará a los Objetivos del Milenio en 2015. Como organizaciones de derechos humanos y justicia social que trabajan a nivel mundial tenemos la obligación, en esta ocasión de delinear algunas de las implicaciones básicas que conlleva la integración de los derechos humanos en el núcleo de la agenda de desarrollo sostenible.

En esencia, un marco post-2015 anclado en los derechos humanos pasa de ser un modelo de caridad a uno de justicia, basado en la dignidad inherente de las personas como titulares de derechos humanos, con los gobiernos nacionales como los titulares principales de las obligaciones, y todos los actores del desarrollo compartiendo responsabilidades comunes pero diferenciadas. En consecuencia, el marco posterior a 2015 debe ser diseñado como una herramienta para potenciar y permitir a las personas –individual y colectivamente– vigilar y exigir a sus gobiernos, a otros gobiernos, a las empresas, a las instituciones internacionales y a otros actores del desarrollo a dar cuenta de sus acciones, dentro y más allá de las fronteras.

Un marco de desarrollo sostenible fundado en los derechos humanos puede servir como un instrumento para ayudar a la gente y a los países a remover los obstáculos estructurales al desarrollo sostenible, inclusivo y justo, prevenir los conflictos y estimular la implementación y la exigibilidad de todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, el derecho al desarrollo y al medio ambiente sano.

El marco posterior al 2015 debe entonces, por lo menos, respetar y reflejar las normas legales pre-existentes de derechos humanos, los estándares y los compromisos políticos que los gobiernos ya han aceptado voluntariamente. Las normas internacionales de derechos humanos, ambientales y humanitarias, la Declaración del Milenio, así como los documentos relacionados de consenso internacional acordados en Río, Viena, El Cairo, Pekín, Monterrey y Copenhague, y sus acuerdos de seguimiento, deben formar su base normativa no negociable.

Si se trata de incentivar el progreso y al mismo tiempo prevenir la reincidencia y las violaciones, los principios y estándares de derechos humanos deben ir más allá de la retórica y tener esta vez un real significado operativo. Entre otras cosas, fundamentar la agenda post -2015 en los derechos humanos para las generaciones actuales y futuras implica que el marco:

1. Defiende todos los derechos humanos para todas/os. El marco debe estimular procesos y resultados en derechos humanos para todas las personas, especialmente los más vulnerables, en todos los países a nivel global, en el Norte y el Sur. Junto con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cualquier marco posterior debe incluir el compromiso de proteger la libertad de asociación, de expresión, de reunión y participación política, si se quiere garantizar un entorno propicio para una sociedad civil empoderada y proteger a los defensores de derechos humanos, entre ellos a los defensores de derechos humanos de las mujeres, como agentes centrales que traducen los compromisos políticos internacionales en realidades vividas.

2. Estimula la transparencia y la participación genuina en la toma de decisiones a todos los niveles, en todas las políticas, incluido el presupuesto, las políticas financieras y las políticas fiscales. El acceso a la información y la participación significativa y eficaz no sólo son derechos humanos fundamentales, sino que también serán fundamentales para el desarrollo, implementación y monitoreo de un marco eficaz y sensible posterior al 2015.

3. Se integran instituciones y sistemas significativos para asegurar la responsabilidad en derechos humanos de todos los actores del desarrollo. Las aspiraciones más nobles para una agenda post-2015 seguramente fracasarán si no se integran adecuados sistemas de monitoreo y de responsabilidad en derechos humanos liderados por los ciudadanos en el ADN del marco, con compromisos claros y con plazos de todos los actores relevantes. En tanto que los estados deben seguir siendo titulares del deber primordial en el desarrollo, todos los agentes del desarrollo, incluidos terceros estados, el sector privado y las instituciones financieras internacionales deben responder y rendir cuentas por el logro de los objetivos globales y evitar socavarlos. La integración de criterios sustantivos de derechos humanos en las evaluaciones del progreso hacia los objetivos y compromisos de desarrollo, significa el monitoreo tanto de las políticas y los esfuerzos presupuestarios de los gobiernos como de los resultados del desarrollo. Todo mecanismo de seguimiento posterior a 2015 debe complementar y reforzar los resultados del proceso de Examen Periódico Universal para todos los estados. Un marco para garantizar la rendición de cuentas se beneficiaría de una interacción constructiva con el régimen de protección de los derechos humanos ya existente, así como otros mecanismos pertinentes de rendición de cuentas. En este contexto, nos pronunciamos por un marco de responsabilidad con compromisos vinculantes, respaldado por mecanismos de vigilancia y aplicación eficaces, que se acuerden a nivel global. Este marco debe reafirmar el espíritu de la Declaración de 1986 sobre el Derecho al Desarrollo y debe estar basada en tres principios fundamentales: la responsabilidad mutua (donantes y socios son igualmente responsables por el progreso del desarrollo); apropiación democrática de los países socios (alineación de los países donantes a objetivos de política fijados por los países en desarrollo, a través de procesos inclusivos y democráticos), y asociaciones inclusivas (participación de las diferentes variedades de los actores del desarrollo, del Estado y de los actores no estatales).

4. Los mecanismos nacionales de rendición de cuentas, como el poder judicial, los parlamentos, las instituciones nacionales de derechos humanos, reforzados por los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, tales como los órganos de tratados y el mecanismo de Examen Periódico Universal, pueden ayudar a garantizar el cumplimiento de los compromisos post- 2015. Del mismo modo, la agenda de desarrollo post-2015 está bien posicionada para alentar a los gobiernos a mejorar el acceso a la justicia para las personas que viven actualmente en la pobreza mediante la supervisión de las medidas para erradicar las barreras existentes.

5. Asegura que el sector privado, por lo menos, no perjudique. El marco para después de 2015 debe reflejar el consenso internacional actual de que los gobiernos tienen el deber de proteger los derechos humanos a través de la supervisión y regulación de los actores privados, especialmente de las empresas y los agentes financieros privados, para garantizar en la práctica que se respeten los derechos humanos y el medio ambiente, incluso en sus actividades transfronterizas. Por lo menos, ningún gobierno debería permitir que su territorio sea utilizado para actividades ilegales o criminales en otros lugares, tales como la evasión de impuestos, el depósito de activos obtenidos mediante la corrupción, los delitos ambientales o la participación en violaciones de derechos humanos, sin importar el autor.

6. Elimina todas las formas de discriminación y disminuye las desigualdades, incluidas las desigualdades socioeconómicas. Los derechos humanos sólo pueden realizarse dentro de los límites socio-económicos y ambientales si también reducimos las desigualdades de riqueza, poder y recursos. Los gobiernos tienen la obligación especial bajo las normas de derechos humanos de proteger los derechos de los marginados y excluidos, y de adoptar medidas adicionales para garantizar que gocen de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Proteger el trabajo decente y la disminución de las disparidades salariales injustas también es fundamental para la reducción de la desigualdad socio-económica, como lo es la reforma fiscal y tributaria y la promoción de alternativas de derechos humanos a la austeridad a nivel nacional y mundial para liberar los recursos necesarios para financiar el cumplimiento de los derechos humanos. La obtención a tiempo y el desglose de los datos sobre la base de diversos criterios de discriminación compleja es esencial para identificar, hacer visible y responder a las desigualdades y a las violaciones de los derechos humanos y reforzar la rendición de cuentas. A nivel nacional, los datos deben ser recopilados y desglosados en función de factores relevantes para cada país, definidos por los titulares de derechos.

7. Apoya los derechos de las mujeres de manera integral y específica. Abordar la violencia de género, garantizar los derechos sexuales y reproductivos, garantizar los derechos de la mujer a la tierra, la propiedad y los recursos productivos y su independencia económica, el reconocimiento de la economía del cuidado y la garantía de los derechos de las mujeres a la protección social y la distribución equitativa del trabajo remunerado y no remunerado, y sus derechos a la participación en la toma de decisiones, son fundamentales no sólo para realizar los derechos humanos de la mujer y lograr la igualdad de género, sino para facilitar la participación plena y activa de las mujeres en la vida económica, política y social.

8. Permite a los grupos actualmente desfavorecidos y comúnmente discriminados y excluidos, ser agentes eficaces de su propio desarrollo haciendo uso de las disposiciones de las normas de derechos humanos para eliminar la discriminación por motivos tales como la raza, la discapacidad, condición de migrante o indígena, edad, orientación sexual, identidad de género, etc.

9. Defiende la obligación legal de cumplir con los niveles mínimos esenciales de derechos económicos, sociales y culturales, sin retroceso, lo que implica un enfoque de “reducir a cero” a través de la prestación de pisos de protección social, la cobertura universal de salud, la seguridad alimentaria, y otros pisos por debajo de los cuales a nadie se le permitirá vivir en ninguna parte.

10. Aborda los factores estructurales de la desigualdad, la pobreza y la devastación ecológica a nivel mundial. Una alianza global genuina y equilibrada permitiría entonces a las personas e instituciones supervisar las responsabilidades comunes pero diferenciadas de todos los actores para prohibir, en lugar de perpetuar, estos obstáculos globales. Para ser socios de buena fe, entonces, los gobiernos, las empresas y las instituciones internacionales deben evaluar el impacto de sus políticas y acuerdos (vg. de responsabilidad empresarial, medio ambiente, comercio, inversión, ayuda, políticas fiscales, de migración, de propiedad intelectual, la deuda, el comercio de armas y la cooperación militar, las políticas monetarias, la regulación financiera) sobre los derechos humanos más allá de sus fronteras. Las normas existentes de derechos humanos pueden proporcionar un conjunto común de normas y criterio útil para evaluar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

En un momento de gran incertidumbre, múltiples crisis y de creciente inseguridad y conflicto, no fundamentemos el marco de desarrollo sostenible del siglo 21 sobre derechos restringidos y promesas incumplidas, sino, en cambio, en una reafirmación audaz de los derechos humanos para todas y todos.

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