Entrevista a Pablo de la Vega - PIDHDD

Ecuador: balance de logros y desafíos en el campo de los derechos humanos

Lunes 13 de mayo de 2013

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Autoría: Nelsy Lizarazo

Publica: Pressenza International Press Agency

Canal: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Tipo de documento: Entrevista

Idioma: español

Tema: Derechos humanos

Palabras clave: Democracia, Derechos humanos, Gobierno, Legislación, Sociedad civil

Países y Regiones: Ecuador

Descripción: Entrevista a Pablo de la Vega, Coordinador de la PIDHDD

Sumario:
- Luces y sombras en el pasado reciente
- Desafíos: miradas hacia adentro y hacia afuera

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En un par de semanas se inicia un nuevo período de gobierno de Rafael Correa. Con el afán de entregar a nuestros lectores más elementos del contexto del país les hemos ofrecido días atrás la entrevista con María Augusta Calle, asambleísta de Alianza PAIS. Hoy les entregamos otra mirada, esta vez desde la sociedad civil. Pablo de la Vega, ecuatoriano y actual coordinador regional de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos –PIDDH–, nos ofrece su valoración de avances y desafíos de la Revolución Ciudadana, en el terreno de los derechos humanos.

Luces y sombras en el pasado reciente

Pressenza: Pablo, ¿cuáles son, desde tu perspectiva y conocimiento, los avances y los pendientes más significativos del gobierno de la Revolución Ciudadana en el período que está por terminar?

Pablo: la base que nos permite desarrollar una reflexión sobre el papel del Estado ecuatoriano y su gobierno en la promoción y protección de derechos humanos es la norma constitucional y los desafíos que la constitución del 2008 plantea para todos los ecuatorianos y en particular para las organizaciones de derechos humanos. La norma constitucional caracteriza al Estado ecuatoriano en los siguientes términos: “El Ecuador se reconoce como un Estado constitucional de derechos y justicia”.

Este es el argumento desde el cual las organizaciones de derechos humanos demandamos que el Estado cumpla con sus obligaciones en tres ámbitos muy concretos: respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Estas son las obligaciones del Estado tanto de cara a la comunidad ecuatoriana como a la comunidad internacional.

El Estado progresiva y tímidamente ha ido implementado un primer desafío marcado por la Constitución: construir la institucionalidad responsable de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El actual gobierno se encuentra con una herencia de la democracia tradicional y de la partidocracia. Construir una nueva institucionalidad estatal desde una perspectiva integral lleva tiempo. En ese proceso se han cometido algunos errores y omisiones.

Noventa y cuatro artículos de la constitución están dedicados a hablar de derechos y garantías. Sin embargo, institucionalmente solo tenemos a la Defensoría del Pueblo como la encargada de los derechos humanos. Lo razonable, claro, sería que todas las instituciones del Estado se ocupen de los derechos humanos.

Hemos presenciado entonces, en la primera etapa del gobierno de la Revolución Ciudadana, el desafío de construir una nueva institucionalidad, pero también la colisión con la normativa todavía vigente que recoge todavía antigüos y perversos vicios que desafortunadamente en algunos casos se mantienen.

Otro aspecto clave que se ha abordado, también con cierta timidez, es el tema de la recuperación de la memoria. La creación de la Comisión de la Verdad, que forma parte de esta nueva institucionalidad y busca recuperar la memoria de las víctimas de un pasado oprobioso, fue un avance notable. Sin embargo, dejó la deuda frente a las víctimas y sus familiares, porque más allá de la indemnización simbólica que pueden haber recibido, no encuentran respuesta a su aspiración de esclarecer la verdad o de obetener del Estado garantías de no repetición.

Pressenza: ¿qué pasó con el informe entregado por la Comisión de la Verdad?

Pablo: La Comisión de la Verdad presentó su informe y entregó todos aquellos casos que ameritaban una investigación bajo responsabilidad del Estado a través de la Fiscalía, De los casos entregados, más de cien, vemos que no más de doce casos han avanzado. Esto nos pone frente al papel del Estado y de este gobierno de cara a la impunidad. Hemos tenido la oportunidad de hablar en más de una ocasión con fiscales de la unidad responsable y nos atrevemos a sostener que en muchos casos disponen información fehaciente sobre quiénes son los responsables de violaciones recogidas en el informe. La pregunta es en qué momento se lleva al tribunal a las personas implicadas en esas violaciones.

Pressenza: ¿un ejemplo?

Pablo: la Comisión de la Verdad tiene identificados a todos los miembros de la fuerza pública que están implicados en la ejecución extrajudicial de Fausto Basantes. La pregunta es: ¿qué espera la fiscalía para ponerla en conocimiento de los tribunales y someterlos a la justicia? No hemos encontrado respuesta a esta pregunta. Sucede entonces que avances sustantivos se detienen, tal vez por factores políticos que desconocemos.

Pressenza: ¿y en relación con la implementación de política pública para garantizar derechos de los sectores más vulnerables?

Pablo: hemos visto con mucho interés cómo desde los sectores más tecnócratas del gobierno se ha incluido el enfoque de derechos humanos como el paradigma para la planificación nacional y territorial. Después de siete años de gestión gubernamental, los resultados son incipientes. La iniciativa de trabajar las políticas públicas con este enfoque y sectorialmente, tiene cuellos de botella nuevamente en la institucionalidad.

Pressenza: ¿podrías ilustrar con un caso?

Pablo: sí. Tras la desaparición del Consejo Nacional de la Mujer, debieron crearse los Consejos de Igualdad, para trabajar política pública no solamente referida a los derechos de las mujeres, sino de la niñez, de las personas migrantes, en fin, de los sectores más vulnerables. No ha sido posible y tampoco se entiende por qué. No parece que sea por falta de recursos, ni de normativa, ni de voluntad. A la luz de la información disponible, no hay explicación.

Pressenza: un tema priorizado en el período que termina es la justicia. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los avances y retrocesos en este aspecto?

Pablo: este ha sido un tema sujeto a una fuerte presión política. Un balance en síntesis sería el siguiente: ha habido una fuerte inversión en infraestructura y capacidad operativa pero no vemos cómo los operados de justicia logran realmente combatir la impunidad o la inseguridad y sobre todo no logran enviar signos claros de independencia y autonomía frente a las otras funciones del Estado. Las recomendaciones de la veeduría internacional no fueron recibidas de buen grado por el propio gobierno que la contrató.

El sistema de justicia requiere de manera urgente y decidida ajustarse a las normas constitucionales y a los estándares de derechos humanos. Para eso, es necesaria una profunda reforma a la policía nacional, en todos los niveles. Una reforma al sistema penitenciario en el que el actual gobierno ha hecho enormes inversiones pero que sigue un patrón que no nos conducirá. Me explico: exigimos y demandamos que estas cárceles oprobiosas en las que se violan múltiples derechos humanos, cambien. Pero construir más cárceles no parece el patrón más adecuado, a la mirada de expertos criminológicos y penitenciarios. Finalmente está el nuevo código penal en torno al cual el debate el muy fuerte porque, desde la perspectiva de los organismos de derechos humanos, hay una ventana a través de la que se podría filtran una serie de propuestas atentatorias a la esencia misma de la Constitución. Así, reforma policial, del sistema judicial, de la policía y de la normativa son cuatro patas de una misma mesa: la del sistema de justicia en nuestro país. Todas tienen que alinearse a la esencia de la Constitución y a los estándares más altos de derechos humanos.

Pressenza: hablemos del derecho a la resistencia y a la protesta ciudadana ¿hay una tendencia a criminalizar la protesta social en Ecuador?

Pablo: en nuestro Código Penal vigente, persisten figuras anacrónicas que han sido reactivadas e invocadas en los últimos años en momentos de conflictividad social, dando margen a una interpretación discrecional por parte de los operadores de justicia. Así, se dejan de lado conductas como obstrucción de vías o daño a la propiedad privada, que pueden ser sancionadas con cuantías a ser pagadas y se invocan figuras penales como terrorismo, sabotaje, atentado a la seguridad del Estado, que no corresponden a las presuntas infracciones cometidas. La justicia penal se puede utilizar como instrumento de control político y por supuesto, es una gran preocupación de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Nos preocupa que en el período que se inicia, la Asamblea Nacional no abra la participación ciudadana en el debate sobre la nueva norma penal.

En suma, la reforma a la justicia tiene aún deudas y sobre todo, hay señales de que la dirección que sigue, no está alineada con la norma constitucional.

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