Ex Agente de inteligencia del ejército involucrado en más de treinta (30) desapariciones forzadas en Bogotá y riesgos de impunidad

Lunes 3 de febrero de 2014

Autor: Coordinadora Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU)

Editorial y canal: CCEEU

Tipo de documento: Pronunciamiento

Idioma: Español

Tema: Derechos humanos

Palabras clave: Crímenes de lesa humanidad, derecho a la verdad, derechos humanos, desaparición forzada, ejecución, garantías de no repetición, impunidad, justicia, mujeres y tortura.

Países y regiones: Colombia

Durante el año 2014 el Estado de Colombia debe presentar ante el Honorable Comité contra laDesaparición Forzada (CED), su primer Informe sobre la Situación de las Desapariciones Forzadas en el país, en razón de sus obligaciones internacionales derivadas de la nueva Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por Colombia en el año 2012. Para el efecto, nos permitimos poner en su conocimiento la información que se detalla a continuación, solicitándoles realizar un seguimiento de la misma y de las acciones que adopten o se abstengan de adoptar las autoridades judiciales, con miras a determinar el paradero de las víctimas y a investigar los delitos de desaparición forzada involucrados en la situación, como sigue:

1. Después de dos décadas de evadir la justicia, fue capturado el 30 de enero, por el CTI, ­a instancias de organismos humanitarios­ el ex Sargento Viceprimero BERNARDO ALFONSO GARZON GARZON – ex Agente de inteligencia del COICI­Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia del Batallón Charry Solano involucrado en la preparación y/o ejecución de más de 30 desapariciones forzadas ocurridas en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, entre 1984 y 1990, de las cuales trece (13) de las víctimas son mujeres.

2. Esta captura estaba pendiente desde agosto de 2010, cuando la INTERPOL emitió una Circular Roja, que demoró 4 años en hacerse efectiva pues no se realizaron pesquisas para dar con su paradero y llevarlo a la justicia. Esta orden internacional fue emitida entonces por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en el curso de la desaparición forzada del ex militante del Movimiento 19 de Abril (M­19) GUILLERMO MARIN y del teólogo ANTONIO HERNANDEZ NIÑO desaparecidos forzadamente en Bogotá en abril de 1986. En el parque Los Novios, fueron hallados los cuerpos de Antonio Hernández, sin vida y de Guillermo Marín gravemente herido luego de que sobrevivió a los disparos a quemarropa que le hicieron sus captores oficiales después de meterlos en un costal.

3. Desde entonces entidades internacionales de derechos humanos sacaron a Guillermo Marin del país, donde vive en el exilio y desde donde denunció el secuestro y las torturas a las que fue sometido por GARZON GARZON y otros integrantes del COICI, CAMILO PULECIO y GUSTAVO AREVALO quienes actualmente enfrentan la etapa de juicio por su responsabilidad en los hechos.

4. BERNARDO ALFONSO GARZON GARZON ha sido tristemente célebre por su participación en numerosas desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias de militantes de izquierda y de población civil según las sentencias judiciales en los casos del Palacio de Justicia (Irma Franco y once (11) empleadas y empleados de la cafetería) (1985), Antonio Hernandez Niño y Guillermo Marín (1986), Amparo Tordecilla (1989), Carlos Uribe (1989), y otros casos que están en total impunidad: Oscar William Calvo, Ángela Trujillo y Alejandro Arcila (1985), Nydia Erika Bautista de Arellana, Cristóbal Triana, Bertil Prieto Carvajal, Francisco Luis Tobón, Blanca Emilia Mahecha Marín Rosalba Hurtado Ospina, Maria Yaneth Muños (1987), José Cuesta (1988).

5. Aunque jueces y fiscales han comprobado su participación activa en la preparación de varios de estos crímenes, en ninguna de las investigaciones penales fue llamado a juicio como autor al haber participado y sido integrante del entramado de inteligencia del que fue ficha clavepara la preparación de los delitos, la detención ilegal previa y la tortura y desaparición forzada de estas víctimas de crímenes de lesa humanidad, excepto por el caso de GUILLERMO MARIN y HERNANDEZ NIÑO que ahora la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General debe investigar eficazmente.

6. Igualmente, a pesar que GARZON GARZON declaró en 1991 a la Procuraduría, y en 1994 a la Fiscalía los nombres de los autores de desapariciones forzadas, sin embargo en septiembre de 1996 estando preso en la cárcel de Palmira (por robo)1 se retractó ante el Juez 2º. Penal Militar de Cali y salió libre en marzo de 1997.

7. En los últimos años, aunque investigaciones como Palacio de Justicia, Amparo Tordecilla y Guillermo Marín, profirieron sentencias con base entre otras, en las mismas pruebas v.gr. las primeras declaraciones de GARZON, las cuales fueron valoradas como la “prueba reina” incluso en la que indicaba en donde se encontraban los restos de NYDIA ERIKA BAUTISTA, en el caso de esta víctima el tratamiento legal de esta prueba fue todo lo contrario pues la Fiscalía General y el Tribunal Superior de Bogotá validaron en 2004 y 2006 la retractación de Garzón Garzón como cierta y precluyeron la investigación penal dejando el caso en total impunidad. Otras desapariciones forzadas relacionadas ni siquiera fueron investigadas: Cristóbal Triana, Augusto Lara Sánchez y Jorge Luis González (1987, 1986).

8. Según las declaraciones de testigos en el proceso del Palacio de Justicia, Garzón Garzón posteriormente se radicó en España, donde vivió varios años y se enriqueció aceleradamente. Allí vivió hasta finales del año 2009 cuando le fue expedida la Circular Roja de Interpol y regresó al país donde posee numerosos bienes.

9. Sería de esperar que con esta captura, la Fiscalía General de la Nación rompa el círculo de impunidad y promueva todas estas investigaciones al más alto nivel, en el marco de su política de priorización de casos y de las nuevas estrategias judiciales de persecución a los máximos responsables incluido GARZON GARZON y sus superiores que ordenaron, aprobaron y permitieron los crímenes de lesa humanidad, quienes aún -en su mayoría­ gozan de libertad. De la actuación u omisión de la administración de justicia y los entes de control depende ahora que se salde o no la inmensa deuda con los derechos de las víctimas de desaparición forzada al derecho a la verdad, a la justicia y a garantías de no repetición, que ahora se ponen nuevamente a prueba.

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