Autoría: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Editorial y Canal: CEJIL
Tipo de documento: Pronunciamiento
Idioma: Español
Tema: Derechos humanos
Palabras clave: Debido proceso, detención arbitraria, tortura y violaciones a los derechos humanos.
Países y Regiones: México
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria informó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que emitió una opinión oficial en la que consideró que el encarcelamiento por cerca de 16 años de los indígenas mexicanos Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre constituyó una detención arbitraria contraria a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
En 1997, los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fueron detenidos y acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en un atentado en contra de policías. La única prueba para vincularlos con estos delitos fueron sus propias confesiones obtenidas mediante torturas. Pese a lo anterior, ambas personas permanecieron privadas de libertad hasta el 18 de abril de 2013.
El Grupo de Trabajo consideró que la detención inicial de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre (ante la policía y el Ministerio Público) fue arbitraria por no tener base legal alguna que la justificase; asimismo, determinó que su encarcelamiento del 11 de junio de 1997 hasta su liberación el 18 de abril de 2013 fue una detención arbitraria por inobservancia de las normas internacionales del debido proceso.
La decisión del Grupo de Trabajo ocurre a raíz de la información que presentaron Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y CEJIL en noviembre del 2011. Dicho grupo destacó que el gobierno de México no respondió sus pedidos de información.
El caso de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fue recientemente conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que homologó un acuerdo de solución amistosa y dictó su sentencia el 26 de noviembre de 2013. En el acuerdo suscrito, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas y se comprometió a reparar adecuadamente el daño y a evitar que se repitan situaciones similares.
"Celebramos las recomendaciones dadas por el Grupo de Trabajo y confiamos que las autoridades mexicanas cumplirán con las mismas, así como con los compromisos asumidos al firmar la solución amistosa ante la Corte IDH, en particular es necesario que el Estado mexicano revise el valor probatorio que se otorga a las confesiones rendidas ante el Ministerio Público y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta su doctrina de inmediatez procesal por la que se da valor preponderante a las primeras declaraciones de imputados pese a que, como en este caso, se hayan obtenido mediante tortura”, señaló Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
