Guatemala en resistencia hasta que se renacionalice la distribución de energía

Viernes 14 de febrero de 2014

Autoría: Ollantay Itzamná

Editorial y Canal: Otramérica

Tipo de documento: Noticia

Idioma: Español

Tema: Política

Palabras clave: Corporaciones extranjeras, energía eléctrica, indígenas mayas, nacionalización, privatización, recursos naturales, resistencia y sistema neoliberal.

Países y Regiones: Guatemala

No es que no queremos pagar la luz. Ya no podemos pagar. Últimamente las facturas venían con cobros hasta de 5 mil y 10 mil quetzales (entre 600 y 1.200 dólares). Por eso decidimos desconectarnos de la empresa y conectarnos directamente hasta que se nacionalice la luz (…)”, indica Eusebio García, abuelo maya campesino en resistencia por la nacionalización de la energía eléctrica, en Jalapa, Guatemala.

Si hasta hace algunos años atrás, el manipular un medidor (contador) domiciliario de la energía eléctrica era casi un pecado capital, un verdadero atentado autocensurado contra la propiedad privada (de la empresa distribuidora de energía), ahora aquel miedo es sólo un recuerdo para los cientos de comunidades en resistencia en la Guatemala empobrecida. Un país en el que el 75% de sus habitantes aún cocina con leña sus alimentos, según el Ministerio de Energía y Minas, 2013.

La privatización de la distribución de la energía eléctrica y el subsiguiente encarecimiento exacerbado del kilovatio hora de electricidad, sin mejoras en el servicio, terminó liquidando la paciencia casi estoica de indígenas mayas (a quienes la energía eléctrica los empobreció aún más). Según el Banco Mundial, para el 2010, el 20% de guatemaltecos no tenía acceso a la energía eléctrica.

Un método inédito de resistencia popular

Amparados en el artículo 44° de la Constitución Política de Guatemala que establecen la preeminencia del interés colectivo sobre el interés privado, y del artículo 45° de la misma Ley, que dispone el derecho a la resistencia popular ante la violación de derechos, centenares de comunidades indígenas campesinas se mantienen desconectados de los medidores de la empresa distribuidora de energía, y conectados de manera directa al sistema de electricidad. La consigna es contundente: “Mientras no se nacionalice la energía eléctrica, no pagaremos la luz”.

Para tomar esta medida límite, las comunidades se autoconvocan a asambleas comunales y eligen su junta directiva local. Levantan un acta indicando que se declaran en resistencia. Luego, proceden a cortar los cables de los medidores de energía y conectan la electricidad a las viviendas de manera directa. Colocan sus mantas (letreros) en los ingresos a las comunidades advirtiendo el rechazo público a la empresa privada de electricidad.

Esta resistencia en Guatemala comenzó en el Departamento de San Marcos, a inicios de la década pasada. Pero, tomó fuerza inédita en la Costa Sur de Guatemala (2008) cuando las comunidades organizadas en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) obligaron a su dirigencia a extender la lucha a todo el territorio nacional.

Ahora, fácilmente las comunidades en resistencia ya superan los mil. Presentes en más de 100 municipios del país, y en 20, de los 22 departamentos. En las comunidades en resistencia no todas las familias se desconectan. Pero, la lucha, en la medida que pasa el tiempo, se masifica y amenaza en convertirse en un punto de inflexión para la triste historia neoliberal de Guatemala.

El Estado produce; las empresas extranjeras, comercializan

El 100% de la energía eléctrica que se consume en Guatemala lo provee el Estado de Guatemala, mediante el Instituto Nacional de Electricidad (INDE). Cerca del 80% de energía eléctrica lo produce el Estado (el 20% restante lo compra a las privadas). Más del 50% de esta energía es de matriz hídrica. Hasta antes de la persistente y dolorosa oscuridad neoliberal, INDE era el único distribuidor de la electricidad en el país. Pero, la fiebre neoliberal hizo que corporaciones extranjeras se apropiasen de este jugoso negocio, cuyas ganancias millonarias jamás sabrá con exactitud el pueblo guatemalteco.

En la actualidad, la empresa ENERGUATE (parte de la corporación inglesa ACTIS) monopoliza la distribución de la energía eléctrica en 19 departamentos del país. Y la Empresa Pública de Medellín (EPM), en los tres restantes.

Según el Sindicato de Trabajadores del INDE, esta empresa pública vende a las empresas distribuidoras de electricidad a 0.66 quetzales el kilovatio hora de energía. Y, éstas cobran al consumidor a 1.89 quetzales (0.23 dólares) el mismo kilovatio hora. Cobran por alumbrado público hasta 100 quetzales mensuales en comunidades donde ni existe dicho servicio. Las empresas distribuidoras ganan nada menos que 1.23 quetzales (0.15 dólares) por kilovatio hora de electricidad que consume cada guatemalteco (CODECA, 2013).

Estas empresas concesionarias de la distribución de electricidad en Guatemala no hicieron mayores mejoras para ampliar el servicio de energía eléctrica. Rentabilizan el cableado eléctrico e infraestructura instalados por INDE antes de la privatización. Es más, el empobrecido Estado de Guatemala transfiere anualmente cerca de 1,600 millones de quetzales (200 millones de dólares) a las empresas concesionarias de distribución de energía por concepto de subvención por tarifa social (para usuarios que consumen hasta 100 kilovatio mes), pero este aporte, lejos de ir a la ampliación o mejora de los servicios, al parecer ingresa como parte de las utilidades de las empresas distribuidoras. Por qué renacionalizar la distribución de la energía eléctrica

El acceso a la energía eléctrica es un derecho humano fundamental establecido en la Resolución N° 65/151 de la ONU, en el 2010. Así mismo, las Naciones Unidas, en su Resolución N° 1803, de 1962, estableció que los estados, en legítimo ejercicio de su soberanía, pueden nacionalizar sus recursos naturales y riquezas privatizados. Ambas resoluciones fueron ratificadas por el Estado de Guatemala.

El artículo 44° de la Constitución Política de Guatemala establece que el interés colectivo prevalece sobre el interés particular. Es decir, no se puede condenar a la oscuridad y a mayor empobrecimiento a las grandes mayorías que ya soportan el costo del sistema neoliberal en aras de preservar “la seguridad jurídica” del lucro de las empresas distribuidoras de electricidad. El Estado tiene que ejercer su rol de garante de derechos fundamentales.

El Artículo 55° de la Ley General de Electricidad (1996) es claro al establecer que el Estado debe rescindir el contrato de concesión con las empresas particulares de energía eléctrica cuando éstos presten pésimo servicio. En los hechos, las empresas distribuidoras de energía en Guatemala no sólo prestan pésimo servicio, sino que las exageradas facturaciones, y los incalculables daños causados a los usuarios por los permanentes apagones, son abusos que cualquier Estado medianamente serio debería ya haber sancionado con multas. Hasta antes de la privatización de este servicio (1996), en el área rural, las familias promedio pagaban entre 20 y 30 quetzales mes por consumo de energía (de 3 a 4 dólares). Ahora, las facturas mensuales promedio en el campo fluctúan entre 300 a 1,500 quetzales (de 40 a 180 dólares). En las comunidades indígenas, se ven facturas acumuladas de luz hasta por un monto total de 15 mil a 20 quetzales.

Económicamente la nacionalización y municipalización del servicio de la distribución de la energía eléctrica es lo mejor que podría hacer el deficitario Estado de Guatemala. Es un negocio formidable y asegurado. Incluso bajando el precio del kilovatio hora al consumidor, la entidad pública siempre terminaría con ganancias económicas aseguradas. Sería importante prestarle atención a los exitosos casos de las municipalizaciones de la electricidad en Alemania, Canadá, Colombia, etc. ¿O será que los gobernantes cuidan intereses ajenos? Si para 1996, según estimaciones de la FAO, el servicio de energía eléctrica sólo cubría el 42% del territorio nacional, con casi dos décadas de privatización de este servicio el paisaje oscuro sigue siendo igual o peor en de Guatemala.

Cuando el pueblo reclama lo suyo, denominan delito

Ante la masificación incontenible de la desconexión de los medidores, la empresa ENERGUATE ensaya diferentes métodos para intimidar a usuarios en resistencia:

* Persecución penal contra dirigentes. Contrata de bufetes de abogados (de renombre) para acusar penalmente a dirigentes de las comunidades en resistencia, por robo de energía, ante los tribunales de justicia. En algunos casos, han logrado encarcelar a algunos, pero las comunidades lograron sacarlos. También distribuye cartas prejurídicas intimidando a usuarios en resistencia a que paguen su “deuda”.

* Difamación pública a las comunidades en resistencia. Contrata espacios en los medios radiales e impresos para desprestigiar y acusar a las comunidades en resistencia de “ladrones de energía”, “organizaciones falsas”, etc. Incluso sacerdotes católicos y pastores evangélicos repiten estas acusaciones en sus homilías y prédicas, calificando de “anticristos” y “pecadores” a cuantos se encuentran en resistencia. En alguna Parroquia el cura llega incluso a advertir que “no habrá bautizo sino presentan factura de luz cancelada”, según denuncian activistas de CODECA.

* Difamación a las agencias de cooperación internacional. Con la finalidad de aislar internacionalmente a CODECA, ENERGUATE no sólo difama a este movimiento social en resistencia, sino también acusa, en las redes sociales, a agencias de cooperación solidarias con CODECA de promover y financiar a organizaciones ilegales.

* Genera apagones y confrontación entre comunarios. Para presionar a las comunidades, ENERGUATE ocasiona apagones permanentes con la finalidad de que los usuarios que no están en resistencia se exacerben y “culpabilicen a usuarios en resistencia” de las deficiencias crecientes del servicio de energía. Muchos consejos comunitarios de desarrollo (COCODE), gobiernos municipales, e incluso el Presidente Otto Pérez y sus ministros cierran filas en defensa de ENERGUATE, y acusan a las comunidades en resistencia de “ladrones de luz”. El Viceministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en una reunión con organizaciones campesinas, hace unos días atrás, sentenció: “No habrá ninguna donación de fertilizantes para campesinos afiliados a CODECA por que se portan muy mal”.

De esta manera, esta legítima demanda impulsada por indígenas campesinos empobrecidos se convierte en una lucha desigual. Donde estructuras del Estado, sectores de las jerarquías de las iglesias, y los medios empresariales de información, junto a las empresas extranjeras, cierran filas para defender el despojo neoliberal, y atacar a las organizaciones campesinas en resistencia. Los citadinos, clase media, centros de investigación, ONGs y universidades, aún guardan silencio complaciente.

Por qué en otros países la energía eléctrica es controlada por los estados En Noruega, el 85% de la energía eléctrica es generada por los municipios. En Escandinavia, la distribución de la energía eléctrica está principalmente controlada por empresas municipales.

En Francia, la empresa pública de Electricité de France (EDF), dedicada a la generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica, es de propiedad pública en un 85%.

En Alemania, el Municipio de Hamburgo, fue el último en recuperar el control del servicio de energía eléctrica (22/11/13). En este país, son 170 los municipios que controlan los servicios de agua, gas y energía eléctrica.

La corporación de energía eléctrica Vattenfall de Suecia, y la corporación de electricidad IVO de Finlandia, ambas de propiedad estatal, no sólo prestan servicios en sus respectivos países, sino en diferentes países del mundo. Y son empresas estatales altamente competitivas.

En Quebec, Canadá, el 100% de las acciones de la empresa eléctrica Hydro Quebec es de propiedad del gobierno de Quebec.

En Medellín, Colombia, la Empresa Pública de Medellín (EPM), de propiedad del Municipio de Medellín, no sólo abastece del servicio de energía eléctrica a Medellín y otras ciudades de Colombia (19% del consumo de electricidad), sino también, desde 1998, tiene presencia significativa en el rubro de energía eléctrica en Guatemala. Esta empresa municipal colombiana, sólo con la distribución de electricidad que realiza en Guatemala (en los departamentos de Escuintla, Guatemala y Sacatepéquez), entre 2010 y 2013, alcanzó una ganancia de 245 millones de dólares. Y, aporta al gobierno municipal de Medellín con más del 50% del presupuesto del gobierno local.

Bolivia quizás sea el último país latinoamericano que renacionalizó el servicio de la distribución de la energía eléctrica en años recientes por abusos permanentes y los costos arbitrarios que la empresa española IBERDROLA imponía a usuarios bolivianos. En España y en Argentina, el debate de la nacionalización de la energía eléctrica está en la agenda pública. Pero, en Guatemala, intelectuales y políticos aún guardan silencio sobre esta demanda que el pueblo organizado en resistencia ha colocado en la agenda nacional desde las calles.

La renacionalización del servicio de la energía eléctrica en Guatemala es un asunto de derechos y de soberanía energética. ¿En qué cabeza cabe que un Estado (casi colapsado como Guatemala) produzca energía eléctrica para que empresas privadas lucren sin control con este servicio? Nadie sabe en Guatemala a cuántos miles de millones de dólares asciende las ganancias de ENERGUATE con este negocio, como tampoco se sabe a cuánto alcanza el monto de los permanentes daños ocasionados a usuarios por las empresas distribuidoras de electricidad.

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