Itinerarios: La integración de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en los sistemas jurídicos nacionales

Lunes 2 de diciembre de 2013

Autor: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL)

Editorial y canal: SITEAL

Tipo de documento: Artículo

Idioma: Español

Tema: Derechos humanos

Palabras clave: Derecho internacional, derechos de los niños y tratado de derechos humanos.

Países y Regiones: América Latina y el Caribe

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, es el tratado de derechos humanos que más países han ratificado. Es el primer instrumento específico del derecho internacional que sitúa a los niños como titulares de derechos. En su texto se contemplan los derechos de los adultos y se subrayan aquellos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental requieren de protección especial. Es el primer tratado vinculante a nivel internacional que reúne en un único texto los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de los niños.

La serie de datos destacados que se inaugura con este breve informe, tiene un doble propósito. En primer lugar, describir las etapas que el derecho internacional establece para hacer efectivos los derechos de los niños en cada país; a la vez que ofrecer información relevante sobre el proceso de implementación de la CIDN en la región latinoamericana. Este primer informe se enfoca en la firma de la CIDN y la sanción de leyes orientadas a la creación del Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia que esta promueve.

En el marco del derecho internacional, la firma de una Convención constituye una declaración de principios a través de las cuales los Estados asumen el compromiso y la voluntad de desarrollar acciones concretas para transformar una situación en el sentido que establece el acuerdo. De este modo, cuando un Estado firma la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño la instaura dentro de su país como un instrumento jurídico en el que se fijan los principios de un nuevo pacto entre el mundo adulto y la infancia. Es solo el punto de partida. La ratificación de la CIDN es el momento en que el Estado establece un lazo jurídicamente vinculante – impone una obligación efectiva a quienes están sujetos a su régimen- con el tratado internacional. La instancia de la ratificación implica un compromiso fuerte por parte del Estado por crear las condiciones necesarias dentro de cada país para el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos en la Convención.

La consecuencia jurídica del rango otorgado a la CIDN dentro del sistema jurídico de cada país es sustantiva. Debido a que la ley suprema de un país es su constitución, el valor jurídico de la CIDN está dado por su posición respecto al texto constitucional. Allí, se establecen los fundamentos de convivencia civil y actuación de los poderes públicos con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos. El carácter fundamental de la Constitución se sostiene en que sus mandatos quedan fuera de la disponibilidad de las fuerzas políticas, su texto no puede ser alterado, ni modificado por los poderes públicos en su actuación ordinaria. Por el contrario, sus principios se instauran como límites al ejercicio de las funciones de los poderes públicos. Todo el entramado normativo que rige a un país debe encontrarse estrictamente armonizado con los principios constitucionales.

El mayor rango jurídico que puede otorgarle un país a la CIDN es el supraconstitucional. En estos casos, el tratado internacional se antepone a la ley suprema. Le sigue el rango constitucional, a través del cual la convención tiene igual primacía que el texto constitucional. Si la CIND tiene rango supralegal, su texto prevalece cuando una ley del ordenamiento jurídico interno entra en contradicción con sus principios. Por el contrario, si la CIDN tiene rango legal esta adquiere el mismo valor jurídico que cualquier otra ley ordinaria.

En América Latina, solo Guatemala posiciona a la CDN en rango supraconstitucional. Argentina, República Dominicana y Venezuela le han otorgado rango constitucional, mientras que Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay, posicionan al texto de la convención como supralegal. Por último se encuentra el grupo de países que le ha dado a la CIDN rango legal, conformado por Chile, Cuba, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.

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