Justicia de género, económica, social y ecológica para el desarrollo sustentable

Lunes 24 de febrero de 2014

Editorial y canal: Cotidiano Mujer

Tipo de documento: Pronunciamiento

Idioma: Español

Tema: Desarrollo

Palabras clave: Agenda de desarrollo post-2015, derechos humanos, desarrollo neoliberal, educación, feministas, feminización de la pobreza, igualdad de género, justicia ecológica, justicia social, mercantilización, mujeres y tratados internacionales.

Países y regiones: América Latina y el Caribe

Esta Declaración intenta recopilar las demandas hechas por distintas redes feministas, de derechos humanos y justicia social, económica y ambiental, para una agenda de desarrollo post-2015 progresista, visionaria y que busca transformar el modelo actual que no nos está sirviendo.

Se puede utilizar a nivel local, nacional y regional- como herramienta de incidencia, para entender las demandas de otros movimientos sociales y para avanzar de manera conjunta hacia un modelo de desarrollo basado en la justicia, la igualdad y los derechos humanos.

A nivel global servirá para hacernos oír ante el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretariado General de las Naciones Unidas, así como ante agencias, organizaciones e individuos aliados en la política internacional.

Mientras las Naciones Unidas deciden sobre el futuro del desarrollo internacional después del 2015, mujeres de diversas regiones, sectores, identidades, razas, etnias y culturas nos organizamos para alcanzar la justicia de género, social, económica, cultural y ecológica.

Buscamos cambios estructurales y al modelo de desarrollo neoliberal, extractivista y excluyente actual, que perpetúa las desigualdades en materia económica, en las relaciones de poder, entre los países y al interior de los mismos, y entre hombres y mujeres. Desde nuestras luchas diversas trabajamos y por tanto, exigimos una transformación del paradigma dominante del modelo actual, que prioriza el beneficio económico por encima de las personas, y agrava las desigualdades, propicia la guerra y el conflicto, el militarismo, el patriarcado, la degradación ambiental y acelera los efectos del cambio climático y no mitiga sus consecuencias.

Exigimos que el marco de derechos humanos, la igualdad entre los géneros y la sostenibilidad ambiental se conviertan en el eje del modelo económico y del enfoque de desarrollo de manera que se aborden las desigualdades entre los pueblos, y que se equilibren las relaciones de poder con la justicia para que el resultado sea la paz, la igualdad, la autonomía de los pueblos, las diferentes culturas y la preservación del planeta. Este cambio estructural requiere la redistribución de las cargas desiguales e injustas que han recaído sobre las mujeres y las niñas en el cuidado del hogar y en el mantenimiento del bienestar de la sociedad. El crecimiento económico debe contribuir al bienestar y a la sostenibilidad. Se deben abordar las interrelaciones entre los distintos factores estructurales que causan las desigualdades y las múltiples formas de discriminación basadas en el género, la edad, la clase, la casta, la raza, la etnia, el origen nacional, la orientación sexual, las diversas creencias religiosas y cosmovisiones, la identidad y género y las capacidades diferentes.

Un modelo de desarrollo que realmente funcione para las mujeres y las niñas debe estar firmemente arraigado en las obligaciones internacionales de derechos humanos, la progresividad y la no regresión y los principios de Río incluyendo el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de los países conforme a los Principios de Maastricht. También requiere que los estados ratifiquen los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular los derechos económicos y sociales y aquellos relacionados con los derechos humanos de las mujeres, así como su efectiva aplicación, y los tratados internacionales en materia ambiental. Cualquier marco de desarrollo sostenible debe incorporar la equidad social, incluida la igualdad de género, el principio de laicidad del estado, revisar el modelo actual de inversión en la paz y seguridad militarizadas, propiciar reformas al actual modelo para que la producción y el consumo sean sostenibles y haya distribución justa, incluido un nuevo plan de sostenibilidad ecológica que aplica un enfoque de la biosfera y el respeto a los límites del planeta.

Nuestro objetivo es lograr un compromiso político que sirva para superar los obstáculos financieros y legales para el desarrollo sostenible y para el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. Instamos a la comunidad internacional para hacer frente a las condiciones sociales y económicas injustas que perpetúan la violencia y la discriminación, la feminización de la pobreza, la mercantilización de los recursos naturales, y las amenazas a la soberanía alimentaria que impiden a mujeres y niñas la realización de sus derechos humanos y lograr la igualdad de género. De manera concreta, exigimos:

Que la igualdad entre los géneros sea un objetivo transversal en toda la agenda de desarrollo así como materializarse en un objetivo específico que incluya lograr la igualdad entre los géneros y la plena realización de los derechos humanos de las mujeres, que contribuya a una reorganización y redistribución del poder, de la riqueza y los recursos, incluidas las TICS. Demandamos que se genere un ambiente propicio para el empoderamiento de las mujeres y que se ponga fin a todas las formas de discriminación, incluido el racismo, incluida la discriminación por motivos de género, orientación sexual, condición de salud, raza, etnia y cultura; así como un fin a las violencias, incluyendo los matrimonios tempranos y forzados, y la violencia sexual, especialmente en zonas de conflicto armado; garantizar la participación igualitaria de las mujeres en todos los niveles de la vida política y pública y en la toma de decisiones; la igualdad de derechos en lo relativo al acceso y propiedad de tierra; garantizar la autonomía sexual y reproductiva de todas las mujeres libre de estigma, discriminación y violencias; y que se recolecten y analicen datos y estadísticas desagregados, entre otros, por el género, la edad, la raza, la etnia, la ubicación, la discapacidad y la situación socioeconómica de tal forma que sirvan para informar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las leyes, políticas y programas.

Con respecto a la educación, cualquier objetivo que sea acordado debe incluir: el abordaje de las prácticas sociales, culturales y comunitarias que impiden a las niñas y adolescentes acceder y completar la educación, la garantía de entornos propicios para el aprendizaje de las niñas, incluida la seguridad y la movilidad, así como las condiciones sanitarias necesarias; alcanzar el acceso universal a una educación de calidad en la primera infancia, la primaria, la educación secundaria y terciaria para todos los niños y eliminar las brechas de género, con especial atención a la transición entre primaria -¬‐secundaria y secundaria superior a fin de garantizar la permanencia y culminación de la educación de las niñas, adolescentes y jóvenes, la provisión de la educación formal y no formal, el desarrollo y el bienestar; programas de educación sexual integrales que promuevan valores de libertad, respeto de los derechos humanos, la no discriminación, la eliminación de los estereotipos, del sexismo, del racismo y la homofobia, y la igualdad de género, la no violencia y la consolidación de la paz, y que dotan al las y los maestros con las capacidades y materiales necesarios para proveer una educación sin prejuicios.

Cualquier meta sobre salud debe incluir: el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, incluida la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Los servicios de salud deben ser integrales, comprensivos, y deben basarse en una atención libre de violencia, coacción, estigma y discriminación, y enfatizar el acceso equitativo, especialmente para los y las adolescentes, a los métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, la información sobre reproducción asistida, la atención de la maternidad, el aborto seguro, la prevención y el tratamiento de infecciones de transmisión sexual y la prevención, el tratamiento, atención y consejería del VIH, así como los servicios para víctimas de violencia y aquellas personas en zonas de conflicto y emergencias. La prestación del servicio debe basarse en 4 elementos: la disponibildad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Las nuevas inversiones y estrategias para la salud y el desarrollo incluidas los objetivos, metas, e indicadores que sean acordados en los debates sobre la agenda post 2015, deben basarse en los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Para asegurar la justicia económica exigimos: un ambiente internacional propicio y mecanismos de gobernanza para el desarrollo apegadas la obligación extraterritorial de los Estados de garantizar que las políticas macroeconómicas y financieras cumplan con los derechos económicos y sociales consagrados en los principios de Maastricht. Esto incluye que la orientación de las políticas sobre comercio sean para el desarrollo, y que las políticas fiscales, monetarias y de control de cambios sean progresivas. Asimismo, que existan mecanismos para reestructurar la deuda soberana y poner fin a los tratados de inversión que continúan empobreciendo a las mujeres, a los pueblos y a los países; desafiar los marcos globales sobre derechos a la propiedad intelectual; promover la capacidad productiva a través de una estrategia de industrialización incluyente y sostenible de los sectores económicos diversificados; replantear la división sexual del trabajo y avanzar en la valorización social y el reconocimiento del valor económico del trabajo no remunerado prestado por las mujeres en la esfera doméstica y del cuidado y fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de políticas y servicios universales de cuidado, basados en el reconocimiento del derecho al cuidado para todas las personas y en la noción de corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la vida familiar, laboral y social como una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado, la sociedad civil y los hogares; garantizar un trabajo digno y un salario digno para todas y todos; la aplicación de un piso de protección social universal para las mujeres, los hombres y los niños para acceder a servicios básicos como la atención sanitaria y los servicios de cuidado, la educación, la alimentación, el agua, la energía, la vivienda y el empleo,; la promoción de la transferencia de tecnología, la financiación, el seguimiento, la evaluación y la investigación de acuerdo con el principio de precaución; la financiación para la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres.

Para promover la justicia ecológica demandamos: asegurar modelos de producción y de consumo sostenibles y justos y la eliminación de sustancias y tecnologías peligrosas; el fin de la mercantilización de la naturaleza; la garantía de la soberanía alimentaria y del agua basada en el reconocimiento de los pequeños propietarios y pescadores, en particular las mujeres, como actores económicos clave cuyo derecho de uso y acceso a ríos, lagos, mares y océanos de la tierra y el acceso deben ser protegidos a través de garantías jurídicamente vinculantes contra el acaparamiento de los recursos; el respeto por el conocimiento particular de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y costeras y asegurar el derecho al consentimiento libre, previo e informado en todos los proyectos de desarrollo que puedan afectar a las tierras y territorios que poseen, ocupan o utilizan de alguna manera. Abordar las desigualdades, la presión y la explotación de las mujeres que viven en la pobreza en las comunidades urbanas y rurales, incluso a través de la rápida reversión de un modelo de urbanización insostenible. Esto también requiere fortalecer la Convención sobre el derecho al Mar, el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de los Estados, y la atención y atención al mecanismo de pérdidas y daños del cambio climático asentado por la UNFCCC al mecanismo de daño climático.

Con respecto a la rendición de cuentas y los medios de aplicación del marco de desarrollo sostenible, hacemos un llamado a una priorización de la financiación pública sobre la privada; a la transparencia y la rendición de cuentas, tanto en las acciones públicas como en el sector privado que están relacionadas con el desarrollo sostenible, la igualdad de genero y los derechos humanos, y cuyo pilar ha de ser la plena participación de la sociedad civil. El sector público, cuyo papel es crucial para financiar las necesidades sociales hacia la erradicación de la pobreza, debe garantizar que las finzanzas públicas globales, tengan -¬‐como eje rector-¬‐ una estrategia de financiamiento para el desarrollo sostenible. Todos los presupuestos públicos deben ser transparentes, abiertos al debate público, incorporar la perspectiva de género y asignar los recursos adecuados para conseguir estas prioridades. Debemos garantizar la participación significativa de las mujeres en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los objetivos de desarrollo que se acuerden en la agenda post 2015 así como de las políticas y programas, y todos los esfuerzos de consolidación de la paz garantizando la no persecución y criminalización, y asegurando la protección de todas las mujeres defensoras de los derechos humanos. El acceso a la justicia y la efectiva reparación, en los niveles nacionales, de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres son imperativos éticos inaplazables hacia la búsqueda de un desarrollo verdaderamente sostenible. El seguimiento y la evaluación de los objetivos acordados para la agenda post 2015 deben alinearse con los informes de los Estados sobre sus obligaciones ante el Examen Periódico Universal, la CEDAW y su protocolo facultativo, y otros mecanismos de derechos humanos. La rendición de cuentas y la transparencia, así como la igualdad de género y la no discriminación son cuestiones centrales para la justicia. Nada de esto será posible sin gobernanza, por lo que se requiere garantizar mecanismos de exigibilidad, justiciabilidad y portabilidad de los derechos humanos. De la misma manera que se requiere asegurar el Estado de Derecho y la participación plena de la sociedad civil en condiciones de igualdad para mujeres y hombres como elementos indispensables para alcanzar dicha justicia.

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