Justiciabilidad y exigibilidad política de los derechos sociales, económicos y culturales: El caso de los derechos del niño

Martes 7 de enero de 2014

Autoras: Silvina Alegre, Ximena Hernández y Camille Roger

Editorial y canal: Sistema de Información de Tendencias Estadísticas en América Latina (SITEAL)

Tipo de documento: Artículo

Idioma: Español

Tema: Derechos humanos

Palabras clave: Acción colectiva; derecho a la libre expresión; derechos de libertad; derechos del niño; derechos económicos, sociales y culturales; derechos humanos: derechos sociales y justiciabilidad.

Países y regiones: América Latina y el Caribe

En este Cuaderno se aborda un tema fundamental que hace a la traducibilidad fáctica del andamiaje teórico de los derechos humanos: su exigibilidad. La noción amplia de exigibilidad comprende dos dimensiones: la justiciabilidad y la exigibilidad política. Estas dimensiones remiten a conceptos distintos que resultan indisociables en la práctica. La justiciabilidad o posibilidad de demandar judicialmente la restitución de un derecho vulnerado se sustenta en un sistema legal que comprende instancias judiciales y administrativas. La exigibilidad política o posibilidad de instalar demandas a través de la acción colectiva, se cimenta en esa institucionalidad para transformarla, otorgándole una nueva legitimidad. Esta dinámica requiere como trasfondo la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y resulta fortalecida cuando éste se define además como Social.

Estas reflexiones involucran a otro par de conceptos que han sido proyectados como indivisibles pero tratados en forma separada: los derechos libertad y los derechos sociales. Su concepción conjunta y aplicación disjunta se abordan desde la revisión histórica de la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

La aproximación a la problemática específica que da lugar al Cuaderno se realiza en la PRIMERA PARTE sobre la base de dos Tesis. La Tesis I, referida a la justiciabilidad, retoma el artículo 2.1. del PIDESC, al que se le atribuye entidad de principio o clave para la interpretación del resto del articulado. El artículo 2.1. es desplegado en sus elementos constitutivos, que son tratados en particular para dar cuenta de las obligaciones que asumen los Estados al decidir ser parte del Pacto, entre ellas, adoptar leyes para armonizar sus sistemas legales internos con el internacional. Se señalan a continuación los obstáculos que enfrenta –en términos conceptuales– la justiciabilidad de los derechos sociales, así como las estrategias de elusión de estos obstáculos. Estas últimas son ilustradas mediante casos llevados ante los tribunales domésticos y las cortes internacionales. Finalmente se introduce una disquisición teórica que pone en relación los procedimientos con la sustancia de las normas legales para reflexionar sobre su fundamento ético y la posibilidad de construir una nueva legitimidad.

La Tesis II aborda la cuestión de la exigibilidad política, otorgándole centralidad a la acción colectiva como medio de transformación y destacando la necesidad de una institucionalidad subyacente para que esta acción tenga lugar. El arquetipo de esta imbricación es la institución del derecho a la libre expresión, a la asociación y a la manifestación, que en un estado constitucional de derecho habilitan diversas formas de instalación de demandas colectivas.

En la SEGUNDA PARTE se retoman los puntos tratados antes de manera genérica –la justicia, el entramado de instituciones y la participación– con respecto a la realización de los derechos del niño en vista de su interés superior. Los procedimientos de justiciabilidad y exigibilidad remiten en general a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, adquieren particular relevancia en el caso de la promoción y defensa de los derechos del niño, principalmente de los más pequeños.

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