Manifiesto del Movimiento de Mujeres del Ecuador: “Todo retroceso en derechos alcanzados, es violencia”

Lunes 25 de noviembre de 2013

Autor: Movimiento de mujeres del Ecuador

Tipo de documento: Pronunciamiento

Idioma: Español

Tema: Derechos de las mujeres

Palabras clave: Capitalismo, derecho a una vida libre de violencias, derecho al aborto, diversidades sexo genéricas, feminicidio, feminización de la pobreza, igualdad, justicia social, modelo extractivistas, movimiento de mujeres, patriarcado y trata de personas.

Países y Regiones: Ecuador

Nosotras, impulsadas por nuestra fuerza, convicción y compromiso y apoyadas en las voces de nuestras ancestras, que nos legaron la lucha por la igualdad, equidad, justicia social y justicia de género, no discriminación, la dignidad de las mujeres, sus pueblos, sus territorios y la defensa de la naturaleza.

Nosotras, esas voces que ni el patriarcado ni el capitalismo han podido callar, consideramos que este es el momento en el que las exigencias y propuestas del movimiento de mujeres, deben ser escuchadas y asumidas por el Estado ecuatoriano y la sociedad en su conjunto.

Nosotras, mujeres de campo y ciudad, mujeres de los manglares, mujeres rurales, de los barrios, cooperativas, mujeres urbano populares, campesinas, trabajadoras, jóvenes, estudiantes, profesionales, trabajadoras sexuales, lesbianas, indígenas, negras, adultas mayores, con capacidades especiales, unidas en la fuerza de las diversidades.

Demandamos a las cinco funciones del Estado: Garantizar una economía social, solidaria y para la vida, que rompa relaciones de explotación, mercantilización de los medios de vida, fomentando la participación de los actores de la economía social y solidaria. Que el modelo económico no considere a la naturaleza como un objeto de explotación irracional, por lo que exigimos que la iniciativa Yasuní ITT, de mantener el petróleo bajo tierra, sea sometida a consulta popular para demostrar al mundo que es posible un verdadero cambio de matriz productiva.

Que el modelo económico extractivista, colonizador de los cuerpos de las mujeres, genera condiciones sociales y culturales que promueven la explotación y el abuso sexual. Que suspendan las negociaciones del TLC con la Unión Europea y se transparente los textos en negociación.

Asegurar y garantizar el acceso real de las mujeres a los medios de vida como el agua, la tierra, las semillas, que mantengan la soberanía alimentaria y el mandato constitucional de No a los transgénicos.

Garantizar los derechos laborales y la seguridad social para las mujeres, incluidas aquellas que están dedicadas al trabajo reproductivo y al trabajo sexual.

Formular e implementar políticas públicas orientadas a promover responsabilidades compartidas en el trabajo del cuidado de la vida y creación de servicios que faciliten el ejercicio del derecho a la recreación y al descanso de las mujeres.

Garantizar el acceso a la educación a todos los niveles, además de una educación no sexista, diversa, que promueva las libertades de conciencia, de cátedra, de asociación y organización; principios democráticos que las últimas reformas están vulnerando.

Garantizar el derecho a una vida libre de violencias: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y política, desde un pluralismo jurídico con enfoque de género.

Nuestra máxima exigencia es una Ley Orgánica de Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, la tipificación del feminicidio y el femicidio. Sin embargo, frente al contexto legislativo, demandamos de manera urgente que el Código Orgánico Integral Penal incluya nuestra propuesta a las reformas de la Ley 103, el Procedimiento Especial y Expedito para juzgar infracciones de violencia contra la mujer e intrafamiliar, la tipificación del femicidio y la violencia contra la mujer y la familia. No aceptamos retrocesos en nuestros derechos, menos aún en una Asamblea liderada por mujeres.

Tipificar los delitos sexuales relacionados con la trata de personas desde una comprensión integral que sancione a los “consumidores” de explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres, hecho repudiable que es considerado a nivel global como nueva forma de esclavitud. En concordancia con la Constitución, la legislación secundaria debe mantener esta coherencia a favor de las víctimas de trata y tráfico, incluyendo la figura del recurso efectivo para la protección y reparación de derechos.

Despenalizar totalmente el aborto por ser un tema de justicia social y salud pública en el que hay que considerar los profundos problemas sociales, las altas tasas de mortalidad materna y la ausencia de garantías hacia las víctimas de violencia sexual. Las mujeres somos capaces de tomar decisiones autónomas sobre nuestros cuerpos y proyectos de vida. En el contexto actual, exigimos la despenalización del aborto por violación considerado como delito de lesa humanidad, sustentado en la lacerante realidad de violencia sexual que vivimos las mujeres, niñas y adolescentes en el Ecuador.

Crear el Consejo de Igualdad de las Mujeres a través de la Ley Orgánica de Consejos de Igualdad. La superación de las desigualdades entre personas requiere de una Ley Orgánica basada en el reconocimiento de los sujetos de derechos, la implementación de sistemas de protección integral de derechos, y una institucionalidad que ejerza rectoría e incidencia en la construcción de políticas públicas, de acuerdo con el mandato Constitucional.

Vemos con preocupación que el proyecto del Código Orgánico Integral Penal en lugar de garantizar los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza - contrariando tratados y convenios internacionales y nuestra propia Constitución- criminaliza la protesta social, persigue a opositores políticos, coarta la libre asociación y participación, viola el derecho a la resistencia.

Rompiendo la Constitución de garantía de derechos, el COIP aumenta penas para organizaciones, colectivos y personas, sobre todo servidores públicos, criminaliza, denuncia y condena a las mujeres más pobres en los servicios de salud, evadiendo las responsabilidades del Estado. Todo ello abre la posibilidad de que los/as operadores/as de justicia usen en forma arbitraria las tipificaciones abiertas y no precisas de terrorismo, financiación del terrorismo, sabotaje, rebelión, instigación y apología del delito, e incluso participación y hasta huelga.

Proponemos precisión en esta tipología presente en todo el Código y consecuencia con la garantía de derechos eliminando la concepción de un derecho punitivo basado en la persecución a quienes piensan diferente tratándolos como delincuentes o más aún “enemigos internos”.

Eliminar el Decreto 016 por atentatorio al derecho a la libre asociación y participación autónoma de las diversas actorías sociales.

Promover una Cultura de la Paz, basada en la justicia social, como el conjunto de principios, actitudes y herramientas que rechazan la violencia y previene los conflictos atacando sus causas, mediante el diálogo, la negociación y la restauración de los derechos violentados.

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