Paraguay: Soberanía popular para la vigencia de los derechos humanos

Viernes 13 de diciembre de 2013

Autor: Social Watch

Editorial y canal: Social Watch

Tipo de documento: Noticia

Idioma: Español

Tema: Derechos humanos

Palabras clave: Agrotóxicos, criminalización de las luchas sociales, defensa de los derechos humanos, democracia, inversión sesión, libertad sindical, organizaciones sociales, pobreza, transnacionales y violaciones de derechos laborales.

Países y regiones: Paraguay

Organizaciones sociales se movilizan en defensa de los derechos humanos exigiendo su plena vigencia. Además denuncian que a 24 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, los cómplices, encubridores y responsables de los crímenes cometidos durante el período 1954-1989 siguen impunes, disfrutando de los bienes mal habidos, mientras las víctimas, sus familiares y el pueblo empobrecido sufren aún las consecuencias del terrorismo de Estado implantado durante el último período dictatorial.

La criminalización de las luchas sociales se expresa en varios ámbitos de la lucha social, pero sin duda tiene su expresión más aguda en el conflicto por la tierra; a la fecha suman 132 los campesinos asesinados desde el advenimiento de la “democracia” y 2 en los primeros 100 días del Gobierno colorado de Cartes. Una muestra de esta criminalización son las imputaciones de dirigentes campesinos y sindicales, las represiones permanentes en movilizaciones reivindicativas.

La pérdida acelerada de territorio como resultado del avance amenazante de las transnacionales ganaderas y sojeras que avasallan con fumigaciones de agrotóxicos a comunidades enteras violentando la agricultura familiar como forma de vida.

Por otra parte, la situación de la tierra urbana: en los bañados de Asunción existen más de 75 mil personas que se debaten en la pobreza, sin servicios básicos y sin el acceso a una vivienda digna. En proyectos como la Avenida Costanera se enfrentan al desafío de conservar el derecho de vivir en la ciudad ya que pueden ser desalojados, al estar la tierra urbana librada al mercado inmobiliario.

Pero donde la problemática de la tierra adquiere características trágicas y de holocausto es en el sector de los indígenas. Aún hoy en que supuestamente se cuentan con mejores instrumentos legales para garantizar la tierra a nuestros pueblos originarios, se les sigue desalojando de los reducidos territorios que ocupan mientras crece la miseria en los pequeños sitios seguros que existen por ahora.

La sistemática persecución de la cual vienen siendo objeto varios defensores y defensoras de los derechos humanos en el Paraguay por parte del gobierno de Horacio Cartes, utilizando como medio principal a los medios empresariales de comunicación que buscan desacreditar su labor e inhibirlos a seguir defendiendo a las y los luchadores sociales.

Persecución sindical y violaciones de derechos laborales se agudizaron en el ámbito de las y los trabajadores asalariados. Ataques a la libertad sindical y de organización y un recrudecimiento de la política represiva se registran tanto con las patronales del sector privado como del sector público. Los despidos por motivos sindicales o políticos, o debido a la formación de sindicatos así como la sistemática ilegalización de las huelgas no son sino otras expresiones de la criminalización que denunciamos.

Destacamos, por otro lado, que existe una política estructural de precarización de las condiciones laborales, como son los contratos informales, conocidos como contratos basuras, donde se omiten derechos básicos del Código Laboral y de los convenios internacionales, o directamente se violan los derechos adquiridos. Con la Ley Mi Pymes y con la Ley del Primer Empleo no se hace otra cosa que legalizar la precarización laboral.

En cuanto a la política económica y social criminal del gobierno, asistimos a una drástica disminución de la inversión social en el PGGN (Presupuesto General de Gastos de la Nación) y con la promulgación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que desconoce los derechos laborales a los trabajadores del Estado, recorta los gastos sociales y precariza aún más la salud, la educación, la vivienda y la reforma agraria. Como un correlato, con la Ley de Alianza Público Privada donde el Estado cede a la ganancia privada sectores enteros de servicios básicos, como la electricidad, el agua, las comunicaciones, las rutas, la salud, la educación, entrega los bienes públicos y la soberanía a los capitalistas nacionales y extranjeros, lo que traerá entre otros efectos, el aumento de tarifas haciendo cada vez más inaccesibles los servicios básicos al pueblo pobre.

Con la militarización impuesta por la Ley 5036/13 que modifica la Ley de Seguridad Interna, el Ejecutivo podrá usar las FFAA para controlar y reprimir situaciones internas, eludiendo la declaración del Estado de Excepción, sin ceñirse a un territorio específico y sin la autorización parlamentaria, dejando de lado la función de las FFAA de su rol de defensor de la soberanía. Por otra parte el Ejecutivo tampoco ha realizado un informe sobre las irregularidades cometidas en los tres departamentos militarizados (Concepción, San Pedro y Amambay), como allanamientos en horas de la madrugada, personas con rostro cubierto y uniforme militar en los operativos.

Con todas estas leyes mencionadas se concentra peligrosamente los poderes en manos del presidente Cartes quedando a su sólo arbitrio temas trascendentales de la vida del país.

Luego de este recuento de la situación de los derechos humanos, se comprende que tenemos suficientes motivos para movilizarnos y seguir luchando.

Por lo antes dicho, EXIGIMOS:

- Juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la época de la dictadura.

- Libertad de las presas y los presas políticos.

- Reforma Agraria Integral.

- Tierra, territorio y autodeterminación para los pueblos originarios.

Los luchadores y luchadoras por los DDHH, en el contexto de la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, nos proponemos construir y fortalecer la soberanía popular como fuente y fin de todo proyecto de vigencia plena de los derechos humanos.

Finalmente, estamos conscientes que sólo organizados y movilizados podremos hacer realidad un Paraguay con Soberanía, Tierra, Libertad, Trabajo y Justicia para todos y todas sin exclusiones ni marginaciones. A construir este Paraguay apunta nuestro compromiso y nuestras acciones.

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