Preocupación por la decisión de la Junta electoral de la Provincia de Tucumán contra la ley de cupo femenino

Viernes 13 de diciembre de 2013

Autor: Elba Núñez*

Editorial y canal: Comité de América Latina y El Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)

Tipo de documento: Noticia

Idioma: Español

Tema: Derechos de las mujeres

Palabras clave: Derechos de las mujeres, derechos electorales, derechos humanos, derecho internacional, feminista, igualdad de oportunidades y tratados internacionales.

Países y regiones: Argentina

El Comité de América Latina y El Caribe por la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) red feminista que trabaja para contribuir a la plena vigencia de los derechos de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, utilizando el derecho como una herramienta de cambio, con articulaciones nacionales en quince países de la región, con estatus consultivo en la Categoría II ante las Naciones Unidas desde 1995 y ante la UNESCO desde 2010, además goza de reconocimiento para participar en las actividades de la OEA desde el 2002; se dirige a Ud. a fin de expresar preocupación por la decisión de la Junta electoral de la Provincia de Tucumán de aplicar el corrimiento de lista frente a las dos vacantes que se produjeron en la Legislatura en los últimos días, luego de la renuncia de la Silvia Elías de Pérez y que sobre la base de la Ley nacional N° 24.012 (de Cupo Femenino) debería quedar en manos de una mujer.

La decisión adoptada por la Junta Electoral es una clara interpretación restrictiva de asunción por orden de corrimiento – y no de corrimiento con aplicación de ley de cupo femenino, en menoscabo a la participación de la mujer en las decisiones políticas- conlleva a legitimar y enquistar en el seno del Poder Legislativo, una práctica de acción negativa contraria a lo que ordena el art. 37 de la Constitución Nacional, Ley de Cupo y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. El espíritu de la ley provincial de cupo brega por una integración real de mujeres en las bancas, con la posibilidad de que accedan a cargos y bancas tanto en el orden Nacional como en el Provincial, con representación femenina proporcional…”

El régimen de cupo implica concretamente que la vacante de la legisladora mujer genera automáticamente el ingreso de la primera mujer en el orden de suplencias, teniendo en cuenta las leyes vigentes y el esquema fijado por nuestra Constitución Provincial y Nacional como así también la protección de los derechos electorales de la mujer a partir de los Tratados Internacionales ratificados por el Estado argentino con jerarquía constitucional. En este caso corresponde que asuma la Sra. Lorena Núñez y no de ser así se materializaría una violación de los tratados de derechos humanos, plausibles de responsabilidad internacional.

El cupo femenino debe materializarse en la Integración del Órgano, único ámbito donde se llevan adelante los decisorios que la voluntad popular ha delegado sobre los legisladores y legisladoras. La participación en el circuito parlamentario – en la toma de decisiones- se produce dentro del Órgano Legislativo. El sistema de corrimiento sin respeto al cupo femenino devendría en una pantalla legal.

Por diversos mecanismos –principalmente el que se esconde en la interpretación exegética y formalista de incorporación por exclusivo orden de suplencia-, se encubre la discriminación que sufren las mujeres Tucumanas que se han encausado en los canales democráticos pertinentes para la toma de decisiones legislativas.

El corrimiento de la lista surgida de la elección hacia la próxima mujer, se adecua el resultado electoral a la regla de la participación mínima de un tercio en los cargos electivos. Es un principio general y de derecho constitucional ratificado doctrinaria y jurisprudencialmente que las normas no deben ser interpretadas y/o aplicadas en forma literal o aislada, unas de otras, ni sacrificar en la interpretación literal de una de ellas, el resto del plexo normativo, por consiguiente una solución diferente incurriría en “rigor formal absoluto” o “fariseísmo de las formas”, prescindiendo de la propia Constitucional Nacional artículos 37 y 75, inc. 23 y de los tratados internacionales a los que Argentina ha adherido, ello sin perjuicio -como ya dijéramos-, de violentar el mandato de representación popular que reside únicamente en el pueblo y que otorgó al colectivo de mujeres.

Lamentamos que el criterio de la Junta Electoral encubra una práctica de flexibilización del cupo femenino y de apartamiento de las mujeres en los circuitos de decisión en los Órganos de la Democracia. Con este criterio, la Junta Electoral actuaría en clara contradicción a lo que prevé el art. 37 de la Constitución Nacional “…La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y régimen electoral.”

La Constitución Nacional en su art. 37 ordena garantizar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios mediante acciones positivas. Interpretar por simple orden de corrimiento es repulsivo a lo que la Constitución manda y al mismo espíritu del sistema electoral – que posee como uno de sus basamentos al cupo femenino-. Este artículo debe interpretarse en coherencia con las máximas en la materia que obligan a los poderes públicos a realizar acciones positivas.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (prevista en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) en su art. 2.1 consagra el principio de progresividad en la materia, en cuanto “Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter..”(inc. b) como también de “Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer” (inc. d) y “ Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer…” (inc e).

El principio de progresividad de los derechos tiene como basamento –y contrapartida- la obligación de no regresividad que implica la obligación de los Poderes Públicos de no adoptar medidas que empeoren sin justificación razonable y proporcionada la situación de los derechos consagrados en la Convención. La Convención citada, prohíbe cualquier restricción de derechos respecto de la mujer basada en el sexo. El art. 4 de la Convención consagra el principio de Discriminación Positiva que otorga expresamente un trato normativo preferente para la mujer a los fines de morigerar el desequilibrio. En misma dirección, el art. 7 de la Convención, específicamente abraza la razón del presente y reza “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.”

Es de destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe n° 103/01 respecto del caso 11.307 María Teresa Merciadri de Morini ha declarado la admisibilidad y consecuente solución amistosa entre el Estado Argentino y la damnificada, originada en el orden de intercalación de la lista electoral de la UCR para Diputados Nacionales de Córdoba. Dicha nómina resultaba lesiva para el cumplimiento del cupo femenino de la 24.012, ya que por el orden de corrimiento de la lista en caso de vacancia preveía un ingreso de una mujer por cada cuatro hombres. En dicho momento de seis candidatos a diputados nacionales se colocó una mujer en el cuarto y otra en el sexto puesto, mientras que el espíritu de la norma indica que debió haberse colocado dos mujeres en los primeros cinco puestos. María Teresa Merciadri de Morini consideraba que la cuestión no era abstracta, porque debía reconocerse el derecho en expectativa, bien “concreto”, en el caso que se produjera una vacante entre los elegidos. Si se produce la vacante ascendería un varón –el que está en el quinto lugar- y no una mujer. Por ello debió haberse colocado a una mujer en el quinto puesto y a un hombre en el sexto lugar, y aún en el caso de cuatro cargos a renovar, deben elegirse dos mujeres porque una sola mujer representa el 25%, inferior al cupo legal. Luego de agotar la vía de reclamación interna –la CSJN rechazó la reclamación-, la peticionaria procede por la vía estipulada por la CIDH, que declara en primer término admisible el recurso mediante informe N° 102/99, y luego se llega a un acuerdo de solución amistosa, donde el entonces Presidente Fernando De La Rúa dicta el Decreto N° 1246/00 que regula expresamente la participación igualitaria y consecuente garantía de cumplimiento de cupo en caso de vacancia, derogando la antigua fórmula legal del decreto N° 379/93.

Las pautas restrictivas de aplicación e interpretación de la norma provincial devienen en incoherentes a los tratados internacionales de Derechos Humanos del art. 75. inc. 22, que son letra de nuestra Constitución Nacional. La operatividad –es decir, la aplicación efectiva- de los Tratados de Derechos Humanos insertos en el ordenamiento jurídico constitucional debe ser garantizada por el estamento legislativo provincial, que conforme al principio de no regresividad expuesto anteriormente, no debe someterse a ninguna interpretación reñida con los Derechos Humanos de jerarquía constitucional.

En el ámbito parlamentario nacional (Caso Alicia Kirchner, año 2007), se ha regulado y otorgado solución puntual al caso de sustitución efectiva de la mujer renunciante por la mujer que siga en el orden de la lista. Se generó una política de igualdad y respeto femenino que limitó la utilización de la participación que la ley atribuye a las mujeres como herramienta destinada a encubrir un acuerdo previo del claustro. En el dictamen del 12 de Diciembre de 2007, Expte. OV 373/07, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación ha resuelto con suma responsabilidad los casos en que se ha tenido que reemplazar a senadores/as electos, y que se transcribe a continuación. Dicho dictamen, basado en la laguna jurídica del sistema electoral, tutela la garantía del cupo femenino::" Y en este rumbo puede verse que en la práctica la Ley 24012 plantearía una laguna jurídica que permitiría que en el caso de la provincia de Santa Cruz, ante la renuncia de Alicia Kirchner, de asumir Jorge Banisevich, ésta se quedara sin mujeres en la Cámara Alta y consecuentemente se violentara la Constitución Nacional y tratados internacionales con la consecuente generación de responsabilidad internacional".

"Además en otros supuestos se podría plantear, como de hecho ocurrió en el caso de la provincia de Corrientes en el año 2001, la existencia de "mujeres de paja", es decir aquellas puestas en la lista para cubrir el requisito formal y que, una vez hecha la elección, sean obligadas a renunciar para que su jefe -por lo general hombre- ocupe la banca que por ley de cupo no le correspondería. Si permitimos que esta práctica se generalice, en poco tiempo tendremos un Senado a la vieja usanza: muchos hombres y dos o tres mujeres ocupando una banca....Como sostuvimos anteriormente, en el caso de la provincia de Santa Cruz, si asume un senador electo de sexo masculino en reemplazo de la banca renunciada por la senadora Alicia Kirchner, dejaría sin representación femenina en el Senado de la Nación a la Provincia y violentaría la igualdad real de oportunidades en el acceso a los cargos públicos de las mujeres de ese distrito. Ello es así toda vez que la banca restante por la mayoría y la banca correspondiente a la minoría, se encuentran representadas por legisladores de sexo masculino, situación ésta que no se presenta en ninguno de los restantes distritos ya que todas las provincias tienen al menos una mujer sentada en la banca….Es necesario entonces que este Cuerpo se expida mediante una acción positiva a fin de respetar lo preceptuado en la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes en nuestro país permitiendo que una mujer asuma en reemplazo de la senadora renunciante..."

En el caso de LORENA NUÑEZ el Cuerpo Legislativo en sesión, debe otorgar tratamiento y solución a la grave situación de incumplimiento del cupo femenino en la Provincia de Tucumán. La igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres es receptada por los Pactos Internacionales de Derechos Humanos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. En un todo acuerdo al antecedente citado, está en juego la consecuente generación de responsabilidad internacional.

El Congreso Nacional y la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires vienen abordando esta temática. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, se ha tratado un Proyecto de Ley basado en el Dictamen que dio tratamiento a la renuncia de Alicia Kirchner en el Senado de la Nación, en el año 2007, a los fines de adecuar su normativa en dicha dirección. Propone la modificación del párr. 2do del actual art. 122 de la ley 5109 que estipula en una fórmula correcta: “…En los casos en que el titular que crease la vacante fuese de sexo femenino, deberá suplantarla la primera mujer que figure en la lista de candidatos titulares según el orden establecido. Si la lista de candidatos titulares no incluyera más mujeres, le corresponderá a la primera mujer en el orden de prelación establecido en la lista de candidatos suplentes. Los reemplazantes durarán en sus funciones el tiempo que les faltase a los titulares para cumplir el período ordinario…”

Cabe mencionar que uno de los primeros antecedentes legislativos en defensa del cupo femenino fue sentado por nuestra actual Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el año 2001, en ejercicio de la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. En dicha ocasión, la Senadora por la Provincia de Corrientes Sra. Isabel Viudes presentó la renuncia a su banca para que, en cumplimiento de un pacto político, asumiera el primer suplente, Sr. Raúl Romero Feris. Igualmente la Cámara Nacional Electoral atribuyó a la ley de cupo femenino de carácter de orden público en el fallo N° 2951/2011 dictado en autos “incidente de apelación contra la resolución de oficialización de candidatos de la UCR” al resolver que la ley 24.012 legisla sobre una materia de orden público, por lo que se rige sobre la voluntad de las partes. En ella, está interesada la organización institucional de la Nación, toda vez que versa sobre la forma que se ponen en funcionamiento los poderes organizados por la Constitución.

El INADI por su parte, en miras al cumplimiento de garantías constitucionales y de no discriminación, conforme lo manifestado mediante nota ingresada en esta Cámara de Diputados en fecha 24 de julio de 2013, afirma: (. . .) “En la actualidad no pueden subsistir mecanismos que vulneren la participación de la mujer en la vida política”. También ha enfatizado la gravedad de no cumplimentarse con el cupo, y ha dejado sentado: “A partir de ello, entendemos la correspondencia de la banca a la primera mujer en el orden de suplencias, ya que una interpretación formalista del hecho implica una restricción de las garantías constitucionales y del derecho internacional en lo que respecta a la representación femenina. La realidad indica que una decisión contraria implicaría la presencia reducida de las mujeres en la toma de decisiones legislativas, y por ende de la voluntad popular.”

En reiteradas circunstancias, la Cámara Nacional Electoral (C.N.E.) ha asumido de un modo cabal, el rol que se le ha asignado de garante del cumplimiento de las medidas que procuran la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos electivos y partidarios (cf. fallos CNE 1568/93; 1586/93; 1595/93; 1863/95; 1866/95; 1867/95; 1868/95; 1869/95; 1870/95; 1873/95; 1984/95; 2669/99; 2878/01; 2918/01; 3005/02 y 3780/07) y veló por su respeto en todas las causas que le fueron sometidas a su conocimiento (cf. Fallos CNE 3005/02 y 3780/07). En particular, ha sostenido que “no basta que las listas estén compuestas por un mínimo de treinta por ciento de mujeres sino que además es necesario que tal integración se concrete de modo que -con un razonable grado de probabilidad- resulte su acceso a la función legislativa en la proporción mínima establecida por la ley..., (cf. fallos CNE 1566/93; 1836/95; 1850/95; 1862/95; 1864/95; 1866/95 y 3507/05).”

Como CLADEM esperamos que la Junta Electoral derogue la resolución adoptada, se abstenga continuar con una interpretación restrictiva y actúe en consonancia con el Derecho Internacional que manda a eliminar todo tipo de obstáculo que interfiera en la igualdad real de oportunidades.

Por último hacemos un llamado expreso a la Junta Electoral para derogar de manera urgente la citada resolución que ha dado una interpretación restrictiva y formalista de incorporación por exclusivo orden de suplencia sin aplicación del cupo femenino, para no reproducir una intervención arbitraria del Poder Legislativo, obstaculizando la igualdad de los individuos y se materializa en la incorporación preeminente de legisladores varones por sobre el de legisladoras mujeres.

* Coordinadora Regional de CLADEM

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