Rechazamos los avances del gobierno argentino para pagar las demandas en el CIADI

Jueves 17 de octubre de 2013

Autoría: Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras especulativas para la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC)

Tipo de documento: Pronunciamiento

Idioma: Español

Tema: Economía

Palabras clave: Derecho de sus pueblos, empresas transnacionales, políticas públicas, privatización y Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs).

Países y Regiones: Argentina

Desde ATTAC Argentina manifestamos nuestro rechazo al avance manifestado por el gobierno argentino de pagar 500 millones de dólares a cinco empresas transnacionales que demandaron al país en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI). Se trata de un saqueo denuestras arcas públicas en base a concesiones hechas a las empresas mediante los Tratados Bilaterales de Inversión (TBIs) que firmó Argentinaen los años noventa y vigentes hoy, combinado con el desfavorable proceso de privatización de los servicios públicos durante el menemismo.

Se trata de las demandas interpuestas por las empresas Azurix (concesionaria de Enron, empresa quebrada en un fraude conocido a nivel internacional y que prestaba el servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Buenos Aires cuyo contrato se levantó en 2002), Blue Ridge (fondo que compró el laudo a favor del caso CMS Gas Transmission Company, también con recisión del contrato en 2002), Vivendi (por el caso Aguasdel Aconquija de prestación del servicio de agua potable en Tucumán), National Grid (empresa británica que formaba parte de Transener) y Continental Casualty Company (accionista de CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo que poseía Letras del Tesoro argentino en pesos convertibles aldólar). Todas las demandas fueron interpuestas por las empresas en el centro arbitral CIADI dependiente del Banco Mundial luego de la devaluación del peso argentino en enero del 2002 y en el marco de la crisis económica y social más grande en la historia de nuestro país, argumentando que se modificaron las condiciones contractuales que había pactado el Estado argentino.

Estas cinco demandas se suman a otras más de cuarenta que empresas transnacionales llevaron al ámbito del CIADI. Si Argentina pagara todas las demandas interpuestas en este centro arbitral, tendría que desembolsar 65 mil millones de dólares. Esto representa el 13,7% del PBI argentino.

Cabe recordar que las empresas pueden demandar al Estado argentino en el CIADI a partir de la firma de 55 TBIs que fueron firmados en los años noventa con el fin de generar la llamada “seguridad jurídica” para las inversiones. Estos tratados son en verdad un compendio de prerrogativas para las empresas extranjeras, dejando al Estado atado de manos para realizar políticas públicas que puedan ir en contra de sus intereses.

Gracias a los TBI, las empresas pueden demandar al Estado en centros arbitrales internacionales, como lo es el CIADI.

Es por ello que *ATTAC ARGENTINA expresa la urgencia de que la Argentina se retire del CIADI, así como declare nulos los Tratados Bilaterales de Inversión*.

Con este fin estamos embarcados en la Campaña Nacional e Internacional contra el CIADI y los TBI, que cuenta con el apoyo de numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales a nivel nacional y global. El de Argentina no es un caso aislado. Existen iniciativas a nivel regional e internacional de casos en que países han tomado la decisión soberana de retirarse del CIADI (como Bolivia, Ecuador o Venezuela) y de revisar su relación con el régimen de arbitraje existente (casos de Ecuador, Sudáfrica o Australia) por lo que es posible actuar coordinadamente de modo de someter a las empresas transnacionales a las regulaciones soberanas de los Estados y los derechos de los pueblos y no viceversa. Sostenemos que la Argentina tiene elementos como para no solamente ser parte sino encabezar este proceso con la nulidad de sus TBIs y de su ingreso al CIADI y abandonar definitivamente los condicionamientos neoliberales a los que se sometió hace dos décadas. El pago de estas demandas está en dirección opuesta a esta oportunidad política de respetar el derecho de sus pueblos.

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