Resistencia campesina ante los abusos del poder. Informe de allanamientos, detenciones y desalojos en los primeros tres meses de gobierno del presidente Horacio Cartes

Lunes 17 de febrero de 2014

Autoría: Servicio de Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ PY)

Editorial y Canal: SERPAJ PY

Tipo de documento: Publicación

Idioma: Español

Tema: Derechos humanos

Palabras clave: Comunidades campesinas, desalojos, derechos humanos, militarización, seguridad interna y represiones.

Países y Regiones: Paraguay

El 24 de agosto del 2013 a menos de 10 días de haber asumido la presidencia de la república Horacio Cartes promulgaba el Decreto N° 103 para militarizar tres departamentos del país y permitir la movilización de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, “disponer elementos de combate” [1] en los Departamentos de Amambay, San Pedro y Concepción, una vez más los objetivos del operativo buscan dar con la captura de los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

El decreto militarista fue posible a raíz de la modificación de la Ley 1337 de “Defensa Nacional y Seguridad Interna”, en la sesión del jueves 22 de agosto una amplia mayoría de Senadores aprobaba ciertas modificaciones a la ley en cuestión para que fuera posible la movilización de tropas militares con la sola disposición presidencial, decisión, para muchos inconstitucional, porque genera un desequilibrio entre los poderes, así lo entendió la CODEHUPY (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay) y el Serpaj manifestando: “El proyecto de ley atenta contra el artículo 3° de la Constitución Nacional, ya que rompe con el principio de equilibrio entre los Poderes del Estado, al otorgar al Poder Ejecutivo mayores facultades en perjuicio de los demás poderes del Estado y escapando del control de los otros poderes” [2].

Como organización de derechos humanos desde el Serpaj vemos con preocupación el uso de las Fuerzas Armadas para cuestiones de seguridad interna del país, algunos de los aspectos en que se funda esta preocupación tienen que ver con:

-  El uso de las fuerzas militares deja aún más vulnerables a las comunidades campesinas empobrecidas de distintos departamentos que son las que sufren los embates de la violencia con la que actua el Estado.

-  La violación de normativas vigentes para la investigación y el procesamiento de hechos delictivos.

-  Esto acarrea una suerte de disfunción entre la policía, la fiscalía y las fuerzas armadas.

-  La opción estatal por profundizar su carácter punitivo y represivo, uso extremo de la violencia.

Para dimensionar lo grave de lo que está sucediendo en los departamentos militarizados, debemos destacar por ejemplo que un militar, en este caso el Comandante del operativo el general Mario Restituto González, tiene el control operacional sobre la Policía Nacional y la Senad, ese es uno de los poderes que se le otorga desde el Ejecutivo a los militares, así se establece en el artículo tercero del Decreto: “Determínase que los integrantes de la Policía Nacional y de la SENAD, desplegados en los Departamentos mencionados más arriba, pasarán bajo Control Operacional del Comandante” [3].

Ocurre entonces, que hoy se antepone el poder militar en tres Departamentos del país, que no son los órganos definidos constitucionalmente para dar seguridad a la población, es decir existe un despliegue militar con atribuciones especiales que emana de la modificación de la Ley 1337. Veamos continuación lo establedido por los artículos 173 y 175 de la Constitución Nacional al respecto:

ART. 173: DE LAS FUERZAS ARMADAS

Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución nacional que será organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante, obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones de esta Constitución y de las leyes. Su misión es la de custodiar la integridad territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas, conforme con esta Constitución y las leyes. Su organización y sus efectivos serán determinados por la ley. Los militares en servicio activo ajustarán sus desempeño a las leyes y reglamentos, y no podrán afiliarse a partido o a movimiento político alguno, ni realizar ningún tipo de actividad política.

ART. 175: DE LA POLICÍA NACIONAL (extracto)

La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación. Dentro del marco de esta Constitución y las leyes, tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos. La ley reglamentará su organización y sus atribuciones... Sin embargo buena parte de las personas que habitan en la zona norte del país, aseguran que la presencia militar no es la salida a las problemáticas que les aquejan en su cotidianeidad, la presencia de soldados parece traer más incomodidad que tranquilidad.

Con el objetivo de visualizar situaciones que afectan a familias, comunidades y organizaciones campesinas por parte del uso de la fuerza desde el Estado, presentamos este informe, que recoge situaciones de allanamientos, desalojos-represiones, detenciones y apresamientos, tomando como periodo de tiempo el 15 de agosto al 01 de diciembre del 2013.

Para recoger la información hemos consultado informaciones de medios de comunicación, periódicos y radioemisoras, así como entrevistas realizadas por integrantes del Serpaj. En este material se relatan las diferentes situaciones, se describen algunos de los hechos, con fechas y lugares de los acontecimientos y se incorpora las voces de las personas afectadas.

Este material puede contribuir a observar los primeros hechos de violencia desde un gobierno que recién se inicia, y cabe preguntar qué ocurrirá de mantenerse este mismo grado de violencia contra el campesinado? La respuesta represiva se ira generalizando a otros sectores de la sociedad? Qué acciones deberán emprender los movimientos sociales? Son algunas de las interrogantes sobre las que podríamos reflexionar a partir de conocer los hechos que están ocurriendo.

Notas: [1] Dicho decreto se titula: “POR EL CUAL SE DISPONE EL EMPLEO DE ELEMENTOS DE COMBATE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN EN OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y AMAMBAY”.

[2] Extracto de la nota presentada por Codehupy a líderes de bancadas, horas antes de la sesión del 22 de agosto.

[3] Copia textual del Decreto 103, art. 3°.

Ver informe completo:

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