Declaración de la Sociedad Civil de Bangkok: De incluyente a un desarrollo justo

Miércoles 28 de agosto de 2013

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Fecha: 24 de agosto de 2013.

Tipo: Declaración.

Fuente: Campaña a favor de los Objetivos del Pueblo para un Desarrollo Sostenible.

Palabras claves: Metas de Desarrollo del Milenio, Desarrollo sostenible, Justicia para el desarrollo.

Grupos de la sociedad civil de Asia y el Pacífico en representación de 92 organizaciones de 21 países representando a varios importantes grupos y personas interesadas se reunieron en Bangkok para formular una agenda de desarrollo justa y transformativa hacia el período después de 2015 y más allá.

Nuestro mundo se encuentra en la actualidad en una encrucijada. Enfrenta múltiples e interconectadas crisis del medio ambiente, las finanzas, los alimentos, la energía, la democracia y sobre todo una crisis de profundas desigualdades, encaramos un desafío y una oportunidad.

Las decisiones políticas del estado realizadas durante los últimos tres decenios basadas en un modelo neoliberal ha llevado a que la riqueza, el poder y los recursos se concentren en una minoría de las personas y las corporaciones más ricas y poderosas del mundo. Actualmente nuestro mundo es una plutocracia. Este modelo de acumulación de riquezas es el responsable directo de las crisis que encaramos en la actualidad.

Los gobiernos han renunciado a sus responsabilidades de proteger los derechos de sus poblaciones al desarrollo. Políticas estatales de privatización de los servicios, recursos e infraestructura esenciales; desregulación de las economías; supresión de los salaries; represión política incluidas las restricciones en los derechos a la libertad de reunión; y la militarización han hecho que tengamos ahora un mundo groseramente desigual, inseguro e insostenible. Ellos han contribuido a un creciente consumo, a la especulación financiera, a la concentración corporativa, a la explotación sin regulación de los recursos del mundo y a crecientes violaciones de los derechos humanos. Los efectos de los conflictos transfronterizos e internos han tenido implicaciones importantes para con la paz y la seguridad en la región lo que ha afectado el sustento y ha llevado al desplazamiento de las poblaciones vulnerables. Patrones de migración en la región reflejan la desigualdad de los actuales sistemas económicos, así como los efectos de una inestabilidad política y el cambio climático. La carga de este diseño de políticas y las crisis que ha causado descansa sobre los hombres de los menos responsables y los más vulnerables: los hombres y mujeres pobres que viven en la región de Asia y el Pacífico.

Nuestros gobiernos cuentan con la oportunidad de diseñar un nuevo derrotero, uno que desea la amplia mayoría de los pueblos en esta región, un camino de equidad global, sostenibilidad ecológica, justicia social, derechos humanos y dignidad para todos.

Nosotros, sus electores, les damos la encomienda, en asociación con la sociedad civil, con el desarrollo de un marco transformativo y redistributivo que se proponga reducir las desigualdades en lo que respecta a la riqueza, el poder y los recursos entre los países, entre los ricos y los pobres y entre los hombres y las mujeres. Les hacemos un llamado para que se comprometan con un modelo de Justicia para el Desarrollo.

Un modelo de Justicia para el Desarrollo deberá estar enmarcado en cinco cambios fundacionales

1. Justicia redistributiva.

2. Justicia económica.

3. Justicia social.

4. Justicia ambiental.

5. Responsabilidad ante los pueblos.

La justicia redistributiva pretende redistribuir los recursos, la riqueza, el poder y las oportunidades para todos los seres humanos por igual. Nos obliga a desmantelar los actuales sistemas que canalizan los recursos y la riqueza de los países en desarrollo hacia los países ricos, de los pueblos hacia las corporaciones y el ejército. Reconoce a al pueblo como soberanos de nuestros bienes comunes locales y globales.

La justicia económica intenta desarrollar economías que permitan llevar vidas dignas, dar cabida a las necesidades y facilitar las capacidades, en empleo y el sustento disponible para todos, y no se basa en la explotación de los pueblos o de sus recursos naturales o la destrucción ambiental. Es un modelo que hace que las economías funcionen para el pueblo, en lugar de obligar al pueblo a trabajar para las economías.

La justicia social pretende eliminar todas las formas de discriminación, marginalización, exclusión que prevalece en nuestras comunidades. Reconoce la necesidad de eliminar los sistemas patriarcales y fundamentalistas, desafiar las actuales estructuras sociales, entregar justicia sexual y reproductiva y garantizar los derechos humanos para todos, en particular las mujeres, las viudas, Dalits, pueblos indígenas, los migrantes, refugiados, niños, jóvenes, personas mayores, personas que viven con discapacidades, las personas que viven con VIH y otras enfermedades, los trabajadores sexuales, los empleados domésticos y los trabajadores del sector informal, los sobrevivientes del tráfico de personas, y aquellos que se ven excluidos por concepto de casta, clase, ingresos, orientación sexual, identidad de género o estatus social.

La justicia ambiental reconoce la responsabilidad histórica de los países y élites dentro de los países cuyos patrones de producción, consume y extracción han llevado a violaciones de los derechos humanos, al calentamiento global y a los desastres ambientales y los obliga a aliviar y a resarcir a aquellos que tienen menos culpa pero que son los que más sufren: los campesinos, los pescadores, las mujeres y los grupos marginalizados del sur global.

La responsabilidad ante los pueblos exige gobiernos democráticos y justos, transparencia y gobernanza que permita a los pueblos tomar decisiones informadas respecto de sus propias vidas, comunidades y futuro. Necesita el empoderamiento de todas las personas, pero en particular de los más marginalizados, para que formen parte de la toma de decisiones libres, a priori e informadas a lo largo de todas las etapas de los procesos de desarrollo a niveles local, nacional, regional e internacional y asegurar el derecho de los pueblos a determinar sus prioridades de desarrollo. También requiere garantizar el derecho a la libertad de información.

El nuevo marco de desarrollo deberá estar basado en el principio de la no regresión, abrazar un enfoque holístico, basado en los derechos y asegurar que los principios de derechos humanos de igualdad, equidad, no discriminación y participación incluyente y de toma de decisiones apuntalen sus políticas y prácticas. Este tipo de enfoque asegura que los más marginales puedan recibir el beneficio del desarrollo y el crecimiento, y se conviertan en agentes actives del cambio.

Los gobiernos, para alcanzar una justicia redistributiva y reducir las desigualdades económicas dentro de los países, deben:

Desarrollar y poner en práctica leyes y políticas que asegure que los pequeños propietarios de fincas, los que participan en la pesca a pequeña escala y los pueblos indígenas, en particular las mujeres, tengan acceso a, control sobre y propiedad de la tierra, las zonas de pesca, la propiedad, los recursos productivos, la información y a una tecnología adecuada y ambientalmente segura.

Poner fin a políticas que promueven el acaparamiento de tierras por parte de los gobiernos, las corporaciones, el ejército y las industrias extractivas; y poner en práctica reformas redistributivas de la tierra que ponga la propiedad sobre la tierra y en control de los recursos nuevamente en las manos de las comunidades, las mujeres y otros grupos marginales, y fortalezca la productividad y el sustento agrícolas.

Solucionar pacíficamente los violentos conflictos transfronterizos e internos que violan los derechos humanos y afectan la seguridad humana y económica.

Brindar protección financiera y subsidios a las pequeñas comunidades agrícolas para asegurar que puedan participar, en igualdad de condiciones, en los mercados agrícolas.

Desarrollar objetivos específicos, a nivel nacional y dentro de un margen de tiempo así como indicadores para reducir las desigualdades de riqueza y poder, y promover una justa distribución de actives entre los países, entre los ricos y los pobres, entre las zonas urbanas y rurales, y entre los diferentes grupos sociales, incluidos los hombres y las mujeres.

Reformar las políticas arancelarias para eliminar los impuestos indirectos, que tienen un impacto desproporcionado sobre los pobres; poner en práctica impuestos progresivos sobre los ingresos para asegurar que la riqueza contribuya a su parte justa; implementar impuestos progresivos sobre las ganancias de capital e impuestos sobre las transacciones financieras para incrementar los ingresos de los gobiernos y reducir la dañina especulación financiera; y poner en práctica impuestos sobre la herencia de la riqueza y las propiedades individuales.

Concederle prioridad al financiamiento público sobre las asociaciones públicas – privadas para cumplir con las obligaciones del estado y fortalecer las instituciones públicas; fijar umbrales máximos arancelarios y re-canalizar el gasto militar para financiar el gasto social; fijar metas específicas de asignación de presupuestos a la protección y promoción de los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, la educación, los alimentos y a un adecuado nivel de vida; e incrementar la responsabilidad respecto de cómo se utiliza el impuesto sobre los ingresos.

Para lograr la justicia económica:

Instaurar leyes salariales de vida, que garanticen que todos los trabajadores, incluidas las mujeres, los que participan en el sector informal, los trabajadores agrícolas, y los trabajadores migrantes, ganen lo suficiente para poder vivir con dignidad; asegurar que los salaries crezcan conjuntamente con la productividad; e incrementar la cooperación entre los países respecto de las tasas de intercambio, las políticas comerciales y fiscales y salarios que eviten una carrera hacia el fondo.

Implementar políticas que aseguren que las mujeres, hombres y jóvenes todos tengan acceso a un trabajo decente, incluido la creación de protecciones legales que brinden seguridad en el lugar de trabajo, la protección social a los trabajadores y sus familias, la licencia parental remunerada, la lactancia materna, la licencia por enfermedad y por atención; promover la negociación colectiva y la organización y los derechos de los trabajadores a participar en el proceso de toma de decisiones que afecten sus vidas.

Asegurar políticas de derecho al comercio, la inversión, a políticas financieras e intelectuales que no entorpezcan las habilidades de los países, o el espacio político para brindar oportunidades económicas y servicios a sus pueblos o que socaven el derecho al desarrollo.

Garantizar la protección social universal para todos, incluido la seguridad de ingresos para los desempleados y aquellos cuyo sustento depende de un trabajo precario, los enfermos, los minusválidos, las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos.

Garantizar el derecho al acceso universal a servicios de salud pública con calidad, a la educación, a los alimentos, al agua, a la sanidad, a la energía y a la justicia e implementar políticas y programas que cuenten con un objetivo para asegurar que las mujeres, los más pobres y los más marginales, incluidos los migrantes, refugiados y apátridas sean capaces de acceder y beneficiarse de estos servicios.

Pasar hacia economías que sean propiedad de, dirigidas por y planeadas por los pueblos para satisfacer sus necesidades de desarrollo y garantizar sus derechos humanos.

Acabar con las políticas que promueven la explotación de los trabajadores migrantes y el uso de las remesas económicas para financiar las prioridades nacionales de desarrollo, y crear un entorno que propicie que los trabajadores migrantes disfruten de sus derechos humanos; fortalecer la colaboración transfronteriza y multisectorial entre los países de origen y de destino para promover los derechos de los migrantes, incluido el de la protección social; y garantizar el acceso a la salud, la educación y otros servicios sociales para los migrantes, sin importar su estatus migratorio.

Los gobiernos en aras de lograr una justicia social y de género y reducir las desigualdades sociales y de género, deberán:

Ocuparse de las desigualdades partiendo de un enfoque intersectorial y reconocer cómo factores tales como la edad, la raza, la etnicidad, la casta, el estatus de VIH, las incapacidades, el género, la orientación sexual, la identidad de género, la pobreza, el estatus migratorio, el estatus de refugiado, el área de trabajo, y la locación geográfica puede exacerbar el estigma, la discriminación, la exclusión social y la marginalización y llevar a la violencia y a otras violaciones de los derechos.

Derogar leyes y políticas que perpetúan la discriminación sobre la base del género, la orientación sexual o la identidad de género; penalizan o marginalizan a grupos específicos; refuerza las desigualdades; y crea obstáculos a los servicios, en particular a los servicios de salud reproductivo y sexual, incluido un aborto seguro.

Garantizar los derechos de las mujeres a la herencia, a la tierra y la propiedad e implementar políticas que expandir su control sobre los recursos y las tecnologías productivas.

Proteger y poner en vigor protecciones legales para con los derechos sexuales y reproductivos; garantizar el acceso universal a una información integral sobre salud, educación y servicios sexuales y reproductivos y eliminar los obstáculos legales y de política para acceder a ellos; brindar educación integral sobre sexualidad desde el nivel primario de la educación, que desafíe las normas de género tradicionales y la aceptación de la violencia contra las mujeres y las niñas; promover la igualdad de género y los derechos humanos, y brindarles las habilidades que les permitan el control sobre todos los aspectos de su sexualidad.

Garantizar el derecho al más alto nivel disponible de salud mental y física para todos; poner en práctica políticas y programas que aseguren que los grupos más marginales y excluidos puedan ejercer este derecho y dejar a un lado los barreras para la atención; asegurar un acceso universal a servicios gratuitos de salud que están disponibles, accesibles y de buena calidad para el diagnóstico y tratamiento para enfermedades no transmisibles y transmisibles, en particular el VIH, la tuberculosis, la hepatitis C, y la malaria.

Combatir el creciente fundamentalismo; eliminar el uso de las justificaciones culturales y religiosas par alas violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas; poner fin a los matrimonies de niños, tempranos y forzados y a otras practicas tradicionales y habituales dañinas que violan los derechos de las mujeres y las niñas a la igualdad, la autonomía, la integridad física, para decidir si y cómo y con quién casarse, decidir el número de hijos y la separación entre sus embarazos y el derecho a vivir libre de violencia.

Poner en vigor leyes y políticas para prevenir y brindar una respuesta integral a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y asegurar el acceso a servicios críticos inmediatos para los sobrevivientes de la violencia basada en lo sexual y de género, incluido el examen y la remisión, la profilaxis después de haber sido expuesta para evitar la infección por VIH, una anticoncepción de emergencia, abortos seguros y legales, servicios sicosociales y ayuda legal.

Garantizar el acceso universal a los servicios de atención pública y asegurar condiciones de trabajo de calidad y decentes para los que brindan la atención, a fin de contribuir a una redistribución más justa de la atención gratuita y el trabajo doméstico y hacer frente a la división sexual del trabajo.

Limitar y reducir la producción de armas que incrementan la desigualdad y las violaciones de los derechos humanos.

Para lograr la justicia medio ambiental y un viraje hacia un consumo y una producción sostenible:

Reclamar y asegurar los derechos de los pueblos para definir, poseer, controla y asegurar la sostenibilidad de la propiedad común; promover una gestión responsable de los recursos naturales, tales como los bisques, los ríos, las líneas divisorias de agua y los entornos costeros; reconocer y promover los recursos indígenas y el conocimiento tradicional en el manejo sostenible de los recursos naturales.

Promover una agricultura ecológica para garantizar la soberanía alimentaria y prevenir el hambre y sus consecuencias.

Reorientar los servicios de producción, consumo y distribución para satisfacer las necesidades de los pueblos en lugar de acumular ganancias.

Asignar suficientes recursos hacia y promover el conocimiento científico tradicional para comprender los costos e impactos sociales y medioambientales de las actividades humanas; hacer que se conozca ampliamente esta información y poner en vigor medias regulatorias basadas en esto.

Comprometerse con la reducción de las emisiones de carbón y brindar un financiamiento nuevo, adecuado, predecible y apropiado para el clima con la contribución de los países a partir de recursos públicos sobre la base de la responsabilidad histórica ante el cambio climático y hacer frente a las necesidades de los más afectados, incluidas las de adaptación y mitigación.

Promover la conservación de la energía y la eficiencia; eliminar escalonadamente los subsidios para la industria de combustible fósiles a la vez que se tomen medidas contra los impactos adversos sobre los grupos de bajo ingresos y marginales; y promover sistemas de energía renovable descentralizados y basados en la comunidad como el principal componente del programa de transición hacia una energía renovable.

Promover tecnologías para una eco-eficiencia y trabajar a favor de la eliminación del despilfarro; crear infraestructuras y mecanismos para reducir, reciclar y reutilizar los residuales; y rediseñar productos para asegurar la durabilidad y el uso óptimo.

Asegurar que la extracción de recursos, tales como el uso del agua, la pesca, la tala y la minería, estén en consonancia con las necesidades de las comunidades y sujetas a un manejo sostenible, a la vez que se proteja el derecho de las organizaciones de pescadores, los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y las mujeres.

Desarrollar y poner en funcionamiento marcos legales para proteger el sustento de los pobres y los marginales y evitar desastres ambientales, en particular como resulta de la extracción de recursos.

Preparar un nuevo protocolo de ONU que reconozca las responsabilidades del Estado a brindar apoyo a las poblaciones desplazadas por razones del clima.

Desarrollar mecanismos internacionales que se ocupen de las pérdidas y los daños provocados por el cambio climático, poniendo especial atención en sus impactos diferenciales de género.

Promover la creación de empleos decentes con el fin de crear industrias sostenibles desde el punto de vista ambiental, promover la conciencia ambiental y proteger contra la destrucción ambiental.

Desarrollar e institucionalizar mecanismos para supervisar y mitigar los impactos sociales y ambientales de las iniciativas de desarrollo.

Garantizar la responsabilidad de los pueblos y la participación de la sociedad civil

Establecer mecanismos integrales e incluyentes para lograr una participación ciudadano con sentido en la determinación, puesta en práctica y supervisión de las metas e indicadores de desarrollo a todos los niveles; eliminar los obstáculos a la participación, tales como barreras culturales y de idioma; crear las condiciones para y las garantías de participación de las mujeres, la juventud, las comunidades indígenas, las personas con discapacidades, las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género, los movimientos de base y los grupos marginales, inter alia; y crear la capacidad de los encargados de tomar las decisiones para facilitar una participación ciudadana significativa.

Brindar adecuado y estable apoyo financiero y desarrollo de la capacidad a las organizaciones de la sociedad civil que le permitan una participación eficaz y sustancialmente pública en los diálogos sobre política y a la hora de poner en práctica los acuerdos y las legislaciones a todos los niveles.

Reconocer y apoyar el legítimo papel de los actores de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos y asegurar un entorno propicio para el desarrollo de la eficacia de desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil.

Institucionalizar mecanismos para la participación de la sociedad civil en los procesos de conformación de políticas y en los foros de diálogo político a niveles local, nacional, transfronterizo, regional y global, a la vez que se respeten su derecho a la auto-organización; garantizar un adecuado y estable apoyo financiero, institucional y político de los gobiernos y del sistema de Naciones Unidas para asegurar una eficacia operacional, la sostenibilidad y la propiedad nacional.

Garantizar e institucionalizar el derecho a la libertad de información. Asegurar un proceso de total transparencia e inclusión para la puesta en práctica de la Agenda de Desarrollo para el Período después de 2015 que haga que la información sea de libre acceso para todas las partes involucradas a todos los niveles operacionales (local, nacional, regional y global); incluir indicadores del proceso para mejorar las evaluaciones cualitativas; garantizar la deliberación de informes provenientes de los beneficiarios, en particular de los más marginales desde el punto de vista social, y la incidencia que tienen sobre sus vidas esos programas de desarrollo.

Desarrollar mecanismos para supervisor y regular la creciente influencia del sector corporativo en el desarrollo, incluido las asociaciones públicas-privadas; incrementar la responsabilidad de las corporaciones y del sector privado, incluido mecanismos que obligarían a las corporaciones a respetar los derechos humanos y otras leyes internacionales (y no solo sobre una base de voluntariedad) , incluidos en sus actividades más allá de las fronteras; reinstalar el Centro de Naciones Unidas par alas Corporaciones Transnacionales para que asegure que los estados a cargo de regular estas corporaciones implementen y acuerden compromisos obligatorios; y establecer comisiones independientes u otros órganos de responsabilidad, que cuenten con mecanismos para permitan exigir responsabilidad a las corporaciones por las violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente.

Reducir las desigualdades económicas y las injusticias entre los países y financiar la agenda para la etapa después de 2015:

Respetar los actuales compromisos y comprometer fondos nuevos y adicionales para el financiamiento de la agenda de desarrollo para la etapa después de 2015; identificar medios de implementación que acompañen a cada meta; y desarrollar compromisos integrales por separado que garanticen los medios de puesta en práctica de todo el marco de trabajo.

Supervisar y poner en vigor compromisos de los gobiernos donantes para brindar un mínimo de un 0.7 por ciento del PIB a la asistencia oficial para el desarrollo; eliminar las condicionalidades de la asistencia oficial para el desarrollo; y dar seguimiento y supervisar los gastos por concepto de la asistencia oficial para el desarrollo a fin de asegurar la responsabilidad y la transparencia.

Desarrollar medios innovadores de financiamiento para el desarrollo, incluidos los paraísos fiscales para las corporaciones transnacionales; la cancelación de la deuda, los trueques de deudas y el servicio a la deuda; impuestos por contaminación; e impuestos sobre transacciones financieras globales.

Brindar consideraciones especiales para enfrentar los desafíos al desarrollo de los países menos avanzados, los pequeños estados insulares en desarrollo y otros países frágiles y afectados por conflictos, incluido el estatus de comercio preferencial para que puedan competir en el Mercado global e incrementar los ingresos domésticos.

Eliminar las regulaciones comerciales que obligan a los países a reducir los subsidios o incrementar los impuestos sobre las necesidades básicas tales como los alimentos básicos y las medicinas para financiar desde el punto de vista interno los esquemas de desarrollo.

Eliminar las barreras de acceso por los países en desarrollo a tecnologías importantes y al “know-how” que se ven obstaculizados por regulaciones sobre los derechos de propiedad intelectual; y asegurar que los derechos de propiedad intelectual no se usen para consolidar y fortalecer el control corporativo sobre las capacidades productivas en los países en desarrollo.

Establecer un mecanismo internacional de facilitación tecnológica para coordinar y permitir el desarrollo y la transferencia de tecnologías ambientales segura a los países en desarrollo y a las comunidades; crear capacidades en los países para que puedan coordinar, evaluar y asegurar que la transferencia de tecnología se base en y sea adecuada a sus necesidades; e incluir clausulas para la transferencia de tecnología y la propiedad en el país receptor en todas las inversiones financieras directas.

La presente declaración fue preparada y acordada por los representantes de 92 organizaciones de diferentes grupos importantes y que provenían de 21 países en la región. La Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil de Bangkok les fue presentada a los representantes gubernamentales en el Diálogo Ministerial: de las MDM a una Agenda de Desarrollo para el período posterior a 2015 y se incluirá en el proceso global de conformación del marco de trabajo para la etapa posterior a 2015.

La declaración está abierta para el apoyo que provenga de otras organizaciones de la sociedad civil.

Si Ud. Deseara brindar su respaldo a la declaración, por favor confírmelo escribiendo a:

Paul Quintos pquintos@iboninternational.org y Kate Lappin kate@apwld.org (cc Shanthi Sivakumaran ssivakumaran@iboninternational.org ).

Ver en línea : Campaña a favor de los Objetivos del Pueblo para un Desarrollo Sostenible

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