El proyecto de ley que restringe las protestas pacíficas amenaza con empeorar las confrontaciones entre la policía y el pueblo egipcio.

Lunes 4 de marzo de 2013

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Fuente: CIHRS.

Fecha: 4 de marzo de 2013.

Palabras claves: Egipto, Derecho, Derechos humanos, Libertad de reunión, Consejo Shura.

Ayer, 3 de marzo de 2013, el Instituto del Cairo de Estudios sobre los Derechos Humanos (CIHRS según su acrónimo en inglés) asistió a una reunión celebrada por el Consejo Shura para debatir el proyecto de ley presentado por el Consejo de Ministros para regular las protestas. Durante la reunión un representante de CIHRS expresó su oposición al proyecto de ley, explicando que contradice las normas internacionales sobre el derecho de reunión e incluso brinda cobertura legal para el uso de la violencia contra las asambleas pacíficas por parte de las fuerzas de seguridad. Además, el proyecto de ley no limita el uso de la fuerza a fin de cubrir los incumplimientos que con frecuencia exacerban la situación política durante las protestas y dan lugar a ulteriores violaciones de los derechos humanos.

CIHRS afirmó que las violaciones a los derechos humanos que se vieron en días recientes en Mansoura, así como los crímenes cometidos justo en las afueras del Palacio Presidencial Ittihadiyya, son pruebas fehacientes del hecho que Egipto no necesita una ley que regule las protestas, sino más bien la puesta en práctica de medios legales de responsabilidad por los crímenes cometidos por los miembros de las fuerzas de seguridad de la Hermandad Musulmana y su partido político el Partido Libertad y Justicia contra las manifestaciones pacíficas y los “sit-ins (sentadas)”. De no tomar en cuenta el desempeño y las prácticas de las fuerzas de seguridad a la hora de aprobar legislaciones que se ocupen de las manifestaciones de seguro transformaría incluso hasta la mejor ley sobre protestas en un terreno fértil para futuras violaciones.

Mohamed Zaree, Gerente del Programa Hoja de Ruta/Egipto en CIHRS, al referirse al proyecto de ley comentó, “El proyecto de ley para proteger el derecho a manifestarse en lugares públicos, tal como se le presentó al Consejo Shura, evidencia una falta de voluntad política en lo respectivo al gobierno del Partido Justicia y Libertad para respetar el derecho a manifestarse. Ciertamente, parecería que este gobierno continuará enfrentando las protestas como un mal necesario que debe ser tolerado, y no como un acto político positivo para lograr un cambio democrático y social a través de medios legítimos,” que es cómo la Hermandad Musulmana ha visto las manifestaciones políticas antes de la revolución. Zaree afirmó que los criterios post revolución de la Hermandad se ve reflejada en el proyecto de ley, al expresar, “Después de que la Hermandad asumiera el poder, llegó al extremo de imponer restricciones arbitrarias a la manifestación, a la vez que no impusieron restricciones suficientes en el uso de la fuerza por parte del Ministerio del Interior para dispersar las protestas. Esto se ve claramente en los Artículos 15 y 16 del proyecto de ley.” A pesar de que el título del proyecto de ley se refiere a “la protección del derecho a la protesta,” después de una revisión del texto mismo revela que el proyecto de ley no protege este derecho, sino más bien establece el derecho de las fuerzas de seguridad a hacer uso de la violencia contra los protestantes.

El proyecto de ley hace uso de un lenguaje amplio, vago como por ejemplo “el orden público” y “seguridad general”. Además establece acciones que se podrían considerar van en detrimento de los intereses de los ciudadanos” (Artículo 4) y da pie para dispersar la protesta (Artículo 14). Queda solo bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior el poder determinar que acto o lema cae bajo estas disposiciones, por lo tanto deja estos términos abiertos a la interpretación en dependencia del capricho del Ministerio para justificar la disolución de las protestas en cualquier momento.

CIHRS afirma que el derecho a la reunión deberá ser visto como una forma de expresión de una opinión, y como tal CIHRS observa que ulteriores restricciones que se sitúan sobre la libertad de expresión y de opinión en el código penal y otras leyes representan en práctica restricciones también contra los que participan en las protestas a ejercer su derecho de expresar sus opiniones mediante estas manifestaciones.

CIHRS así mismo observa que entre los principios legales más importantes que están ausentes en este proyecto de ley pero que debería estar incluido en cualquier ley egipcia que regule las protestas es el uso de la fuerza por parte de las autoridades y que no debía quedar sin limitaciones. Más bien, la ley debería establecer la fuerza que se podría utilizar de forma proporcional según lo que sea necesario para alcanzar un propósito legítimo y a la severidad de la violación cometida por los protestantes para lo que busca responder. Cualquier ley deberá brindar una clara comprensión de lo que significa el “uso de la fuerza”. La fuerza solo deberá utilizarse cuando sea estrictamente necesario y como un método de último recursos, esto significa que ni la fuerza ni las armas de fuego deberán emplearse salvo en casos en los que otros métodos prueben que son ineficaces. El uso de la fuerza deberá estar así mismo deberá responder las leyes locales así como los patrones internacionales, en particular los Principios Básicos para el Uso de la Fuerza y las Armas de Fuego por parte de los Oficiales de las Fuerzas de Seguridad, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento a los Ofensores celebrado en La Habana, Cuba, en septiembre de 1990.

Por último, CIHRS llama la atención sobre la necesidad de que el gobierno del Dr. Morsi asegure la responsabilidad ante los crímenes cometidos contra los protestantes pacíficos desde la Revolución del 25 de enero se convierta en una prioridad, sin importar si estos crímenes fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad o por los que respaldan a regímenes anteriores o al régimen presente. El Consejo Shura debe comenzar de inmediato el proceso para realizar enmiendas legales para limitar el poder del aparato de seguridad, incluido el uso de fuerza letal contra los protestantes pacíficos. El actual régimen debe comprender cabalmente las razones complejas que sustentan las protestas que se ven a diario en el país y acometer acciones para enmendarlas, en lugar de sencillamente recurrir a la represión contra estas manifestaciones.

El proyecto de ley sobre las manifestaciones que se debate actualmente en el Consejo Shura es el mismo proyecto de ley que fuera preparado por el Ministerio de Justicia a comienzos del mes de febrero y que fuera presentado ante el Consejo de Ministros en la reunión del 13 de febrero de 2013. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley el 18 de febrero después de insertar un número de enmiendas limitadas, y lo presentó al Consejo Shura el 19 de febrero.

El 5 de febrero de 2013, el Ministerio de Justicia llamó a un número de organizaciones por los derechos egipcios e internacionales para que se pronuncien sobre el proyecto de ley que regula los derechos a protestas pacíficas en lugares públicos. Las organizaciones a las que se le cursó invitación para que presentaran comentarios sobre este proyecto están CIHRS, Human Rights Watch, y Amnesty International. Así mismo la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas recibió una invitación para que formulara sus comentarios. Por su parte, el CIHRS envió un comentario sobre el proyecto el 10 de febrero al Ministerio de Justicia y el Ministerio respondió a un número limitado de enmiendas que se le propusieron. Por ejemplo, el texto revisado estipula claramente que la anulación de la Ley 10 de 1914 relativa a las reuniones (Tagmhor) y a la Ley 14 de 1923 sobre las reuniones y manifestaciones públicas en las calles públicas. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de Justicia no se refirió a un número de asuntos fundamentales relacionados con la garantía del respeto al derecho de manifestarse acorde con las normas internacionales. De hecho, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas emitió una declaración el 19 de febrero, donde se asevera que el Ministerio de Justicia no ha tenido en cuenta las observaciones que se han enviado. Esto se demuestra claramente en la última versión del proyecto de ley, con fecha 16 de febrero de 2013.

El proyecto de ley referido a “la protección del derecho a una protesta pacífica en lugares públicos” se discutió en una reunión celebrada por el comité unido formado por miembros de los Comités para los Asuntos Árabes y del Exterior, la Seguridad Nacional y los representantes del Comité de Derechos Humanos. Representantes de organizaciones por los derechos humanos que también asistieron a la reunión incluyen por la CIHRS la Iniciativa Egipcia por los Derechos Personales, y el Grupo Unido – Abogados por el Derecho y los Defensores de los Derechos Humanos.

Ver en línea : http://www.cihrs.org/?p=6042

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