Kuwait: Retirar los cargos por “ofensas contra el Emir”

Miércoles 17 de abril de 2013

Todas las versiones de este artículo: [English] [Español] [Português]

Fuente: HUMAN RIGHTS WATCH.

Fecha: 15 de abril de 2013.

Palabras claves: Ley, Activistas de derechos humanos, Justicia, Kuwait, Libertad de palabra.

(Beirut). Las autoridades kuwaitíes deberían eliminar todos los cargos criminales contra docenas de activistas que trabajan en línea, periodistas y políticos por haber expresado legítimamente sus derechos a la libertad de palabra. Las autoridades también debían retirar los cargos y rechazar las sentencias de al menos diez personas que están convictas en tales casos, con fecha tan reciente como el 15 de abril de 2013.

A partir de una crisis política ocurrida en junio de 2012, las autoridades han acusado a docenas de políticos, activistas que trabajan en línea, y a periodistas con cargos de “ofender “al emir, el jefe de estado de Kuwait, según información que ha logrado obtener Human Rights Watch de boca de sus defensores, sus abogados y de activistas por los derechos humanos.

“A nadie se le debería de enjuiciar por sencillamente expresar una crítica pacífica,” manifestó Sarah Leah Whitson, Directora para el Oriente Medio en Human Rights Watch. “Las autoridades kuwaitíes debían, de forma inmediata, retirar todos los cargos contra los críticos del gobierno y cualquier otra persona que haya ejercido, de forma pacífica, sus derechos a la libertad de palabra.”

El 15 de abril, un tribunal de lo criminal sentenció a Mussalam al-Barak, un antiguo miembro del Parlamento y una destacada figura de la oposición, a cinco años de prisión por “ofensas contra el emir”. El tribunal supo que él había realizado esta acción en un discurso pronunciado en una manifestación celebrada el 20 de octubre, en la que dijo, en aparente referencia al emir “Excelencia, no le permitiremos gobernar de forma autocrática.”

El 31 de marzo, un tribunal de lo criminal sentenció a un activista en línea, Hamed al-Khalidi, a dos años de prisión bajo los mismos cargos por varios textos situados en Twitter durante el mes de agosto. En uno de los textos en Twitter expresó, “”si él falleciera, saldría a las calles vestido de color naranja [color utilizado por los críticos y los opositores al gobierno de Kuwait],” según lo que aparece en los documentos del tribunal a los que tuvo acceso Human Rights Watch. El tribunal reconoce que al-Khalidi “no hizo alusión directa al emir” pero mantuvo que él “tenía conocimiento sobre los elementos del crimen” y poseía la “disposición” de cometer el “delito.”

Ell 7 de marzo, un tribunal de lo criminal sentenció a otro activista que trabaja en línea, Sagar al-Hashash, a dos años de prisión bajo los mismos cargos por comentarios realizados en Twitter en octubre y en un artículo que apareció en su blog. “A su Alteza el Emir Sheikh Sabah al-Ahmad.” Al-Hashash cumple en estos momentos su condena a prisión, aunque ha presentado una apelación que todavía debe ser escuchada.

El 5 de febrero, un tribunal de lo criminal impuso tres sentencias de un año de prisión contra tres antiguos miembros del parlamento de Kuwait bajo los mismos cargos por haber pronunciado discursos en una reunión pública celebrada en octubre. Ellos presentaron su apelación y están libres bajo fianza.

El 6 de enero, un tribunal de lo criminal sentenció a un activista que trabaja en línea, Rashed al-Enzi, a dos años de prisión bajo los mismos cargos por haber subido en Twitter varios comentarios el 23 de octubre de 2012. En uno de ellos se podía leer “El cobarde escapa después de emitir órdenes que podrían desestabilizar la seguridad y esto es lo que sucede en la actualidad, el cobarde escapa después de emitir su orden.” También se encuentra en prisión, aunque ha presentado una apelación. Durante una audiencia de apelación celebrada el 13 de febrero de 2013, a la que asistió Human Rights Watch y pudo observar, al-Enzi le dijo al tribunal que su comentario en Twitter se refería a un oficial de seguridad que supuestamente había dado la orden para un ataque violento contra los manifestantes el 3 de octubre, y no era referido al emir.

La mayoría de esos cargos enfrentan un proceso en virtud del artículo 25 del Código Penal de 1970, que fija una sentencia máxima de cinco años a cualquiera que públicamente “ponga objeción a los derechos y autoridades del emir or le falte al mismo. A tenor con el artículo 54 de la constitución de Kuwait, el emir es el jefe de estado y su persona es “inmune a inviolable”.

“Las autoridades kuwaitíes no deberían enviar a prisión a activistas de la oposición o a periodistas por cargos de “ofensas contra el emir” y en su lugar debían eliminar lo que se estipula en el código criminal que convierte esta acción en un delito y preservar su obligación internacional de proteger la libertad de palabra”, manifestó Whitson.

Kuwait, desde mediados de 2012, se ha visto inmerso en una crisis política y una profundización de las tensiones entre el gobierno y la oposición. En junio de 2012, el emir, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, suspendió al parlamento que había sido electo en febrero por espacio de un mes, y después fue disuelto mediante una decisión tomada por el Tribunal Constitucional. En octubre, el emir enmendó la ley electoral del país y ordenó unas elecciones parlamentarias para el 1° de diciembre.

Las acciones tomadas por el emir provocaron a la oposición en varios círculos, incluidos islamistas, liberales, nacionalistas y algunos clanes, que respondieron que debía ser el parlamento, y no el emir, quien realizara cambios en la ley electoral. Organizaron reuniones públicas y exigieron un boicot para las elecciones del 1° de diciembre. La asistencia a la urnas fue mucho menor que la obtenida en las elecciones de febrero. En varios casos que llevaban a las elecciones, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y bombas acústicas para dispersar a los manifestantes, y a finales de octubre el gobierno prohibió ulteriores protestas.

Las autoridades encargadas de la fiscalía en Kuwait y algunos políticos han utilizado particularmente como blanco a Al Youm, un canal de televisión satelital de propiedad privada. Han presentado quejas ante los tribunales contra al menos una docena de periodistas y otros trabajadores de los medios de difusión en la estación televisiva, bajo acusaciones de ¨ofensas contra el emir¨, ¨violación de la decencia pública¨, y ¨difamación¨ contra políticos, según los registros de los tribunales a los que tuvo acceso Human Rights Watch.

A finales de diciembre, el Ministerio de Información cerró Al Youm por supuestamente no cumplir con la decisión de designar un director que administrara la estación. El Tribunal Administrativo de Apelaciones retiró esta decisión en febrero y la estación ha reanudado sus transmisiones.

Una acusación criminal por una crítica pacífica contra funcionarios públicos viola las normas internacionales de los derechos humanos. El artículo 19 de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que Kuwait ratificara en 1996, protege los derechos de libertad de palabra, incluido ¨la libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de todo tipo, sin importar las fronteras, ya sea de forma oral, por escrito, en formato de impresión, mediante formas de arte, o mediante cualquier otro medio de su selección.”

El Comité sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el órgano que supervisa el tratado, y que brinda una interpretación definitoria de la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos ha expresado que, ¨Todas las figuras públicas, incluidos aquellos que ejercen la más alta autoridad política tales como los jefes de estado y de gobierno, están legítimamente sujetos a críticas y a la oposición política,¨ y que existe una consecuente necesidad de ¨expresión que no esté para nada coartada” en el debate público respecto de las figuras públicas.

DISPONIBLE TAMBIEN EN:

العربية : http://www.hrw.org/ar/news/2013/04/16 .

Francés: http://www.hrw.org/fr/news/2013/04/... .

Ver en línea : http://www.hrw.org/node/114883

Tejiendo Redes.
C/ Hermanos García Noblejas, 41, 8º. 28037 - MADRID.
Tlf: 91 4084112 Fax: 91 408 70 47. Email: comunicacion@fidc.gloobal.net

SPIP |