Túnez: El proyecto de constitución debe ser revisado. Análisis de los puntos preocupantes en materia de derechos humanos.

Martes 14 de mayo de 2013

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Fuente: Human Rights Watch.

Fecha: 13 de mayo de 2013

Palabras claves: Democracia, La Constitución, Túnez, Los derechos humanos

(Túnez) – La Asamblea Nacional Constituyente de Túnez debería modificar los artículos del nuevo proyecto de constitución que amenazan los derechos humanos. Human Rights Watch examinó el proyecto en aras de identificar las fuentes de preocupación relacionadas con los derechos humanos.

Entre los artículos, o las lagunas que suscitan más preocupaciones se encuentran: una disposición que sólo reconoce los derechos humanos universales cuando coinciden con "las especificidades culturales del pueblo tunecino", el hecho que la constitución no afirme la libertad de pensamiento y de consciencia, y la formulación demasiado vaga relacionada con los límites aceptables que se impondrían a la libertad de expresión. Además, el texto no enuncia claramente que las convenciones de derechos humanos, ratificadas ya por Túnez, comprometen plenamente tanto al país como a todas las autoridades que lo conforman.

"La Asamblea Nacional Constituyente debería eliminar las lagunas del proyecto de constitución que permitirían a un futuro gobierno reprimir cualquier forma de disidencia o limitar los derechos fundamentales por los que los tunecinos libraron un duro combate", acotó Eric Goldstein, director adjunto de la dirección Medio Oriente y África del Norte en Human Rights Watch.

La Asamblea presentó une tercera versión de la propuesta de constitución el 25 de abril 2013, después de haber discutido y revisado las dos versiones anteriores, presentadas en agosto y en diciembre 2012 respectivamente. La Asamblea debe aprobar la constitución en sesión plenaria durante el mes de mayo.

La última versión defiende muchos derechos fundamentales, ya sean civiles, políticos, sociales, económicos como culturales, e incluye cambios favorables al compararla con textos precedentes. Sin embargo, también contiene varios artículos incompatibles con las obligaciones de Túnez en términos de derechos humanos, derivadas de los tratados internacionales y que por demás, comprometerían la protección de dichos derechos, observó Human Rights Watch.

El artículo 21, que enuncia que "las convenciones internacionales debidamente ratificadas por el Parlamento tienen supremacía sobre la ley y están subordinadas a la constitución", crea el riesgo que la constitución se utilice para soslayar o disminuir la protección de algunos derechos fundamentales garantizados por algunos tratados ratificados por Túnez.

Según uno de los principios básicos del derecho internacional, todo país debe garantizar que su propia constitución sea compatible con sus obligaciones en virtud de los tratados ratificados. La Asamblea Constituyente debe incluir en su constitución una disposición que reconozca que los derechos humanos garantizados por los tratados internacionales y ratificados por Túnez se cumplan directamente y que la constitución y la ley los interpreten a la letra de dichos tratados.

Las otras disposiciones que provocan preocupación e inquietudes son:

- El Preámbulo, expresa que basa los fundamentos de la constitución en "los principios de los derechos humanos universales en correspondencia con las especificidades culturales del pueblo tunecino". Esta frase da cierto margen de maniobra tanto a los legisladores como a los jueces para obviar las normas internacionales relativas a los derechos fundamentales;

- El artículo 5, declara que "El Estado garantiza la libertad de credo y de culto religioso" pero no menciona la libertad de pensamiento ni de consciencia, inclusive el derecho de cambiar religión o de abrazar el ateísmo. Los derechos humanos estarían mejor protegidos si se dejara explícita la garantía de la libertad de pensamiento y de consciencia;

- La definición insuficiente de los límites inaceptables impuestos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación: varios artículos del tercer proyecto de Constitución definen el alcance de la libertad de expresión, de reunión y de asociación, cuando se le permite al aparato legislativo adoptar leyes que restringen esos derechos, pero sin presentar claramente los límites de dichas restricciones; y

- La disposición discriminatoria que prevé solamente que un o una musulmán(a) puede convertirse en presidente(a) de la República. Esta disposición contradice el artículo 6, en virtud del cual "todos los ciudadanos son iguales en derechos y deberes ante la ley, sin discriminación alguna". Además, el proyecto de constitución sigue limitando la igualdad de protección de la ley únicamente a los ciudadanos de Túnez.

La Asamblea aprobará por separado cada artículo, cuya adopción requerirá la mayoría simple de los votos, según las normas fijadas para el proceso. Después la Asamblea aprobará el texto integro durante una votación posterior.

Si el proyecto de constitución no se logra aprobar por una mayoría de las dos terceras partes, la Comisión Coordinadora tendrá que someter entonces una versión revisada a la Asamblea durante una sesión plenaria. Si el texto fracasa nuevamente y no obtiene la mayoría de las dos terceras partes, el texto tendrá que ser sometido a un referendo nacional, entonces una mayoría relativa de los votos será suficiente para aprobar la Constitución.

La Asamblea Nacional Constituyente, tendrá que realizar un grupo de revisiones al texto actual para consolidar la protección de los derechos y subsanar las deficiencias jurídicas, declaró Human Rights Watch.

"La Asamblea debe abordar desde ya esas disposiciones inquietantes, antes de que se apruebe definitivamente la constitución", concluyó Eric Goldstein. "Los tunecinos han sido los pioneros de la región al insistir constantemente en la observancia de sus derechos fundamentales, y no deben permitir que esos derechos se les escapen de las manos actualmente".


Artículos y formulaciones que amenazan los derechos humanos

Derechos humanos universales definidos en referencia a las especificidades culturales

El preámbulo del nuevo texto enuncia que la constitución se funda en "los principios fundamentales del Islam y en sus objetivos de apertura y de moderación, en los valores humanos supremos y en los principios de los derechos humanos universales en correspondencia con las especificidades culturales del pueblo tunecino". El hecho de calificar los derechos universales a través de una formulación tan vaga, da al ejecutivo, a los legisladores y a los tribunales un amplio espectro para auto reclamarse "especificidades culturales" y servirse de ellas para socavar o restringir cualquier derecho humano universalmente reconocido.

Asimismo, el artículo 136 del texto, en el capítulo final de la constitución expresa: "No se autoriza ninguna revisión para la siguiente afirmación: El Islam es las religión del Estado". Si bien el hecho de tener una religión de Estado no viola el derecho internacional, los Estados no deben utilizar esta disposición para reducir los derechos y las libertades, especialmente relativo a la igualdad entre los ciudadanos.

El Comité de derechos humanos, que interpreta el Pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, declaró en su Nota General No22 que "el hecho que una religión sea reconocida como religión de Estado o que se establezca como religión oficial o tradicional, o que sus adeptos representen la mayoría de la población, no debe perjudicar el goce de cualquiera de los derechos garantizados por el Pacto […], ni conllevar ninguna discriminación entre los adeptos de otras religiones o los no creyentes".

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de confesión declaró: "Si la noción de religión de Estado no se prohíbe en sí por el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben velar por que este concepto no conlleve ninguna discriminación de jure o de facto con relación a miembros de otras religiones o convicciones". Más adelante plantea: "Es sin lugar a dudas difícil, hasta imposible, prever la aplicación de un concepto de ‘religión de Estado’ oficial que en la práctica, no conlleve efectos perjudiciales para las minorías religiosas y, la discriminación para con sus miembros".

A continuación subraya que "cuando es el propio Estado quien declara su religión en la Carta Magna, el derecho no refleja la variedad étnica ni religiosa de la sociedad y las puertas de la arbitrariedad y de la intolerancia quedan entreabiertas. […] Ya se trate de religiones de Estado, como de otras comunidades religiosas o confesionales, el Estado nunca debe asumir la tutela de la religión para definir su contenido, los conceptos o los límites, salvo aquellos estrictamente necesarios y que están previstos en el párrafo 3 del artículo 18 del Parto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos".

Ausencia de la libertad de pensamiento y de consciencia; afirmación ambigua de la libertad de credo

El capítulo sobre los principios generales señala que "El estado garantiza la libertad de credo y de culto religioso". Sin embargo, omite los más amplios conceptos como son la libertad de pensamiento y de conciencia, que engloban claramente el derecho de cambiar religión, de no practicar ninguna religión o de abrazar el ateísmo. El reconocimiento explícito de la libertad de pensamiento y de conciencia protegería más a los tunecinos, por ejemplo mediante la introducción de leyes nacionales que criminalizarían la apostasía, es decir, el hecho de negar y de renunciar a su fe.

El Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos (PIDCP) y la Carta Africana agrupan las libertades de pensamiento, de consciencia y de religión. El Comité de Derechos Humanos plantea que el artículo 18 del PIDCP incluía la libertad de pensamiento de todos los sujetos, tales como la convicción personal o el hecho de abrazar una religión o un credo. Por demás, el Comité enuncia que "la libertad ‘de tener o de adoptar’ una religión o una convicción implica necesariamente […] el derecho de sustituir su religión o su convicción actual por otra religión o convicción o de adoptar una posición atea, así como el derecho de conservar su religión o su convicción".

La constitución no menciona la libertad de credo en el capítulo sobre los principios generales ni en el capítulo de los derechos y libertades. El artículo 5 dice que "El Estado es el rector de la religión, el garante de la libertad de credo y de la práctica de los ritos religiosos, el protector de la sacralización religiosa y el encargado de verificar que los lugares sagrados de culto sean neutros, libres de cualquier instrumentalización partidista". Esta formulación asocia la libertad de credo a la práctica de ritos religiosos, con el objetivo aparente de restringir lo que se pudiera considerar la protección de una creencia.

Amplio margen de maniobra dejado para definir las restricciones aplicables a las libertades de expresión, de reunión y de asociación

El tercer proyecto de constitución parece reducir el alcance de las libertades de expresión, de reunión y de asociación, ya que le permite al cuerpo legislativo adoptar leyes que limitan dichos derechos, pero sin exponer claramente el alcance de las restricciones. El artículo 40 expresa: "Se garantizan las libertades de opinión, de pensamiento, de expresión, de los medios de comunicación y de creación. Dichas libertades no pueden en ningún caso ser sometidas a ninguna censura previa". Sin embargo, el texto manifiesta a continuación: "La libertad de expresión, de los medios de comunicación y de publicación no puede verse limitada, salvo en virtud de una ley que proteja los derechos, la reputación, la seguridad y la salud del prójimo". Igualmente, el artículo 34 expresa que "se garantiza el derecho de acceder a la información sin prejuicio a la seguridad nacional, al interés público o a la información privada que pertenece a otros". El artículo 30 enuncia que "se garantiza el derecho a fundar partidos, sindicatos y asociaciones. La ley reglamenta los procedimientos de la constitución de partidos, sindicatos y asociaciones, sin perjuicio de la esencia misma de estas libertades". El mismo principio se aplica al derecho de reunión de forma pacífica y de manifestar, lo que se garantiza y "se practica de conformidad con los procedimientos establecidos por la ley, sin perjuicio de la esencia misma de dicho derecho".

Estas restricciones dejan un amplio margen de maniobras al cuerpo legislativo para adoptar una ley que limite dichos derechos, sin exigir que las restricciones respondan sin ambigüedad a las tres situaciones establecidas por el derecho internacional. Efectivamente, según el derecho internacional, cualquier restricción de los derechos humanos debe: en primer lugar estar prevista en la ley; en segundo lugar tener un objetivo legítimo, como es el respeto de los derechos o de la reputación del prójimo, la protección de la seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moralidad pública; en tercer lugar, ser necesario para garantizar este derecho legítimo y responder al criterio de proporcionalidad.

Por ejemplo, la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión en África (Declaración Africana), adoptada por la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos en 2002, afirma que "toda restricción de la libertad de expresión debe imponerse mediante ley, servir un objetivo legítimo y ser necesaria en una sociedad democrática". Posteriormente indica que "la libertad de expresión no debería restringirse por razones de orden público o de seguridad nacional, a menos que no exista riesgo real de amenaza inminente de un interés legítimo y un lazo causal directo entre la amenaza y la expresión".

El Comité de Derechos Humanos señaló en su Nota General con relación al artículo 19 del PIDCP que las restricciones de la libertad de expresión sólo pueden existir bajo las siguientes condiciones: las restricciones deben ser "fijadas por la ley"; sólo pueden ser impuestas por un motivo legítimo; y deben responder a criterios estrictos de necesidad y de proporcionalidad.

Disposiciones discriminatorias

El artículo 6 del proyecto de constitución enuncia que "todos los ciudadanos, los hombres y las mujeres, gozan de los mismos derechos y deberes y son iguales ante la ley, sin discriminación alguna". Esta disposición sin embargo, se contradice en el artículo del texto constitucional que decreta que sólo un o una musulmán(a) puede ser presidente(a) de la República, Aún cuando esta disposición pareciera referirse a una situación muy singular, su sola presencia en la constitución empaña el principio de no discriminación.

Además, el proyecto de constitución contiene formulaciones insuficientes sobre la no discriminación y la igualdad ante la ley. El artículo 6, al limitar la protección de los derechos a los ciudadanos, es incompatible con el artículo 2 del PIDCP, que exige del Estado el respeto y la garantía de los derechos reconocidos por el Pacto para todas las personas presentes en su territorio y que estén sometidas bajo su jurisdicción y no sólo para con sus ciudadanos. Por otra parte, la constitución debería precisar que las causas de la distinción para establecer prohibiciones incluyen no sólo el sexo, sino también el origen étnico, el color de la piel, el idioma, la religión, las opiniones políticas u otras; el originen nacional o social, el estatus de propiedad, de nacimiento o cualquier otro estatus. La formulación actual del artículo podría interpretarse en el sentido de una protección de la igualdad únicamente a partir del sexo de las personas.

En cuanto a la igualdad de sexos, el artículo 42 prevé que "El Estado garantice la protección de los derechos de las mujeres y apoye aquellos conquistados". El mismo artículo estipula que "el Estado garantiza que los hombres y las mujeres gocen de las mismas oportunidades para acceder a responsabilidades. El Estado garantiza la eliminación de todas las formas de violencia respecto de la mujer". Estas disposiciones son positivas, puesto que difieren de una formulación precedente que invocaba una noción de "complementariedad" de los roles de géneros que edulcoraba el principio de la igualdad entre hombres y mujeres.

Sin embargo, estas disposiciones encarnan parcialmente el principio de la igualdad entre hombres y mujeres, ya que se refieren a la igualdad de oportunidades para "acceder a responsabilidades" y no al derecho más amplio de gozar de iguales oportunidades en las esferas política, económica, cultural y social.

Situación de las convenciones sobre los derechos humanos ratificadas por Túnez. El proyecto de constitución sigue siendo ambiguo sobre el tema de precisar si los tratados internacionales en materia de derechos humanos, debidamente ratificados por Túnez, especialmente los tratados y los protocolos de las Naciones Unidas y Africanos; tiene fuerza de ley en Túnez y si por demás, implican a todas las instituciones públicas y a todos los individuos. El artículo 21 de la nueva versión enuncia que "las convenciones internacionales debidamente ratificadas por el Parlamento tienen supremacía sobre la ley y están subordinadas a la constitución". Aún cuando esta formulación representa ya una revisión de la antigua versión, que manifestaba que "el respeto de las convenciones internacionales debidamente ratificadas por el Parlamento tienen un estatus superior a la ley e inferior a la constitución", ésta sigue situando la constitución por encima de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, ya ratificadas por Túnez.

Esto contradice la convención de Viena sobre los derechos de los tratados, ratificada por Túnez, que expresa en su artículo 27 que "una parte no puede invocar las disposiciones de su legislación interna como justificación al no cumplimiento de un tratado". Dicho de otra forma, Túnez tiene el deber de garantizar que su constitución y su legislación respeten sus obligaciones internacionales. La formulación del artículo 21 podría llevar a los jueces y a los legisladores a ignorar las obligaciones internacionales en función de que éstas contradigan la constitución. Además, este proyecto de constitución no menciona el derecho internacional consuetudinario, que también compromete a Túnez.

Finalmente este texto no aborda la cuestión de conocer cómo los jueces, entre otras autoridades, tendrán que respetar los derechos humanos expuestos en la constitución y en los tratados internacionales, ni cómo tendrán que tratar los conflictos entre el derecho aplicable a los derechos humanos y algunos artículos de la constitución o de ciertas leyes comunes que los contradicen. Por ejemplo, las constituciones de Sudáfrica y de Kenia contienen una cláusula según la cual los jueces deben interpretar la ley, inclusive la constitución, de la mejor manera para el cumplimiento de un derecho o de una libertad fundamental. Éstas especifican que los jueces deben tomar en consideración la interpretación de los tratados sobre los derechos humanos aportados por los órganos oficiales de seguimiento y control de los tratados, especialmente los tribunales y las comisiones.

Estado de emergencia

El proyecto de la constitución autoriza siempre al presidente de la República a imponer el estado de emergencia ante la eventual amenaza inminente contra la integridad, la seguridad o la independencia del país. La Asamblea tendrá que estipular claramente en el texto que los derechos y las libertades deben respetarse en cualquier momento, y de ser restringidos, tendrá que ser de conformidad con las condiciones establecidas por el PIDCP para situaciones de emergencia, tales como las precisadas en el artículo 4 y en la Nota General No.29. En especial, las restricciones de los derechos decretadas para casos de emergencia sólo se aplicarán en un lapso de tiempo determinado por las necesidades que requiera la situación y los derechos intangibles en materia del derecho internacional, nunca deben verse limitados en virtud de poderes excepcionales. Tanto la declaración del estado de emergencia como de todos los poderes que le están conferidos, se someterán a un control judicial.

Recomendaciones

La Asamblea Nacional Constituyente tendrá que realizar varias revisiones de la versión actual de la constitución en aras de consolidar la protección de los derechos y tendrá que resolver las deficiencias jurídicas, declaró Human Rights Watch:

-  Tendrá que incluir una cláusula general que introduzca directamente en la ley tunecina los derechos humanos, tal y cómo se definen en los tratados internacionales ratificados por Túnez, especialmente el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, así como en la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos; y por el derecho internacional consuetudinario. Estos tratados, así como el derecho consuetudinario, serán parte integrante de la ley tunecina en virtud de la nueva constitución. La Asamblea tendrá que incluir también una cláusula que enuncie que los derechos y las libertades expuestos en la constitución comprometen al cuerpo legislativo, al ejecutivo, a la justicia y a todos los órganos estatales;

- Tendrá que incluir una proclamación de la libertad de religión, de pensamiento y de consciencia, y afirmar que ésta incluya la libertad de cambiar de religión o de credo, de practicar en público y en privado cualquier religión a través del culto, de la materialización de los ritos o costumbres, o incluso el derecho de no practicar ninguna religión;

- Tendrá que afirmar claramente que la mención del Islam como religión del Estado o bien las referencias al Islam en el preámbulo no deben interpretarse de manera a que contradigan los derechos y las libertades expresados en la constitución o en las convenciones internacionales sobre los derechos humanos ratificadas por Túnez, ni pueden convertirse en una forma de discriminación hacia los adeptos de otras religiones o contra los no creyentes;

- Tendrá que incluir una cláusula general que enuncie que los derechos y las libertades proclamados por la constitución no pueden restringirse salvo que estas restricciones estén avaladas por el derecho internacional, es decir cuando:

Se definan por un texto de ley claro;

Se justifiquen por una razón mencionada por un tratado sobre derechos humanos como una razón aceptable que limite ese derecho en especial;

Se justifiquen en una sociedad abierta y democrática basada en la dignidad humana, la igualdad y la libertad;

No sean discriminatorias, directa o indirectamente; y

El alcance de una limitación referida en la constitución sea proporcional al interés de proteger, y que no sea interpretada de manera a que comprometa la esencia del derecho en cuestión o de manera restrictiva.

Tendrá que eliminar el proyecto de disposición que provoque una discriminación entre los ciudadanos al exigir que el presidente de la República sea musulmán;

Tendrá que proclamar que todos los ciudadanos y personas presentes en el territorio o bajo la jurisdicción tunecina gocen de total igualdad ante la ley, sin ninguna discriminación relacionada con el origen étnico, el color de la piel, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas u otras, el origen nacional o social, el estatus de propiedad, de nacimiento o cualquier otro estatus; y

La constitución tendrá que incluir una disposición que precise que las mujeres y los hombres se reconozcan como iguales, que gocen de la igualdad plena ante la ley y en la práctica, así como de iguales oportunidades en todos los sectores de la vida, particularmente sin limitación alguna en las esferas cívica, cultural, económica, política y social.

Ver en línea : http://www.hrw.org/fr/news/2013/05/...

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